Contrato millonario en aguas turbias: Uruguay denuncia «fraude» y Astillero Cardama advierte de litigio internacional
El contrato de US$ 92 millones para la construcción de dos Patrulleras Oceánicas (OPV) para la Armada Nacional de Uruguay, firmado con el astillero español Cardama (Vigo), ha implosionado, desatando una crisis diplomática y legal transatlántica.
La administración uruguaya actual anunció la rescisión del contrato y la presentación de una denuncia civil y penal ante la Justicia por «fuertes indicios de fraude o estafa» al Estado. La controversia no se centra en el avance de la construcción (la primera embarcación está avanzada en un 60%), sino en el corazón del acuerdo: la garantía de fiel cumplimiento.
El quiebre se produjo al intentar ejecutar o renovar el aval que Cardama debía presentar para asegurar la correcta finalización de la obra.
- La Empresa Cuestionada: La garantía de fiel cumplimiento, un requisito contractual vital, fue emitida por la empresa británica Eurocommerce Limitada.
- La Revelación: Informes del gobierno uruguayo, tras el vencimiento y el intento de ejecución de la garantía, revelaron que Eurocommerce sería una «empresa de papel» o una entidad en proceso de liquidación por inactividad. La dirección registrada en el Reino Unido resultó ser la de una inmobiliaria, no de una entidad financiera legítima, lo que llevó al Estado a calificar el aval como inexistente.
- Cronología de la Duda: Las autoridades uruguayas señalaron que Cardama demoró 11 meses en presentar una garantía aceptable, habiendo sido rechazadas hasta siete propuestas previas. Esto subraya una debilidad estructural en la capacidad financiera del astillero para asegurar la operación desde el inicio.
La Postura del Estado Uruguayo
El gobierno, a través de sus voceros, ha sido enfático en su accionar, que defienden como un deber moral para «cuidar la plata de los uruguayos».
- «Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo,» declaró el Prosecretario de Presidencia.
- La denuncia busca esclarecer si existió una maniobra de fraude y, de ser el caso, si hubo complicidad de funcionarios públicos en la anterior administración que aceptaron una garantía deficiente.
La Defensa del Astillero Cardama
Mario Cardama, dueño del astillero, niega rotundamente cualquier intención de fraude, alegando ser una «víctima» de la situación y acusando al Estado uruguayo de «mala fe».
- Cardama insiste en que la construcción avanza y que ha cumplido con la parte material del contrato.
- Argumenta que la garantía fue aceptada expresamente por el gobierno uruguayo en su momento y que se intentó su renovación, atribuyendo el problema a «errores administrativos» en la notificación a Uruguay.
- El astillero ha solicitado una reunión urgente con el presidente Orsi, se ha ofrecido a sustituir la garantía y advierte que si se rompe el contrato, ejercerá acciones legales para defender sus derechos, abriendo la puerta a un juicio internacional contra Uruguay por daños y perjuicios.
El caso Cardama expone múltiples vulnerabilidades en la gestión de este contrato de defensa, más allá de la presunta estafa:
- La Fragilidad Financiera y el Historial de Cardama: El hecho de que el astillero necesitara casi un año y ocho intentos para constituir una garantía suficiente, sumado a reportes en la prensa española sobre sus tensiones de liquidez y problemas previos (como el antecedente de entregar un tipo de buque diferente al contratado en Angola), generaron señales de alarma que la administración uruguaya inicial debió haber ponderado con mayor rigor antes de aceptar el aval de Eurocommerce.
- El Riesgo de la Aceptación Inicial: Juristas y políticos opositores han advertido que el error más grave del Estado uruguayo podría ser haber aceptado la garantía en su momento. La aceptación, que permitió el inicio de los pagos y la construcción, convierte el contrato en un acuerdo «en plena ejecución». Si el gobierno busca la rescisión ahora, el astillero podría argumentar un incumplimiento contractual por parte de Uruguay, exponiendo al país a una demanda internacional millonaria.
- El Proceso de Adjudicación: La compra fue realizada mediante una «compra directa» después de que la licitación inicial fuera declarada desierta. Si bien es un mecanismo legal, estos procesos requieren una diligencia extrema que, a la luz de los hechos, parece haberse relajado en la fase de verificación de la solidez financiera del proveedor, arrastrando al Estado uruguayo a una crisis legal y reputacional.