Exalcalde de Minas de Corrales se suicida mientras estaba en prisión preventiva por explotación sexual infantil
José Washington “Tixxe” González, exalcalde de Minas de Corrales —localidad ubicada en el norteño departamento de Rivera— fue hallado muerto este martes en su celda del centro penitenciario de Cerro Carancho, donde cumplía prisión preventiva tras ser imputado por delitos de explotación y abuso sexual de menores de edad. Según informó la fiscal Alejandra Domínguez, González se quitó la vida mientras permanecía detenido
El exjerarca fue detenido a fines de mayo de 2025 luego de que la fiscalía iniciara una investigación por casos de abuso sexual y explotación de al menos cinco a seis menores, de entre 13 y 17 años, en Minas de Corrales. La investigación incluyó a otros implicados —entre ellos, personal policial y funcionarios municipales— y culminó con la formalización de cargos por contribución a la explotación sexual, promesa o retribución a menores por actos sexuales y abuso sexual especialmente agravado
El propio González era objeto de una medida cautelar de prisión preventiva, la cual expiraba el 27 de agosto, fecha para la cual la fiscalía tenía previsto solicitar una prórroga
La causa judicial se activó tras una denuncia recogida en marzo de 2025. Las víctimas relataron cómo habrían sido inducidas a actos sexuales a cambio de dinero, regalos o beneficios materiales, situaciones que, según la fiscalía, habrían sido facilitadas por adultos, incluso figuras de autoridad local. Los relatos fueron presentados mediante entrevistas con apoyo psicológico y técnicas forenses, lo que permitió construir un marco probatorio sólido.
Una vez formalizada la imputación, la agrupación Altivo Esteves del Partido Colorado, vinculada al intendente Richard Sander, suspendió inmediatamente a González de sus filas. En un comunicado, el sector condenó los hechos como de «notoria gravedad», incompatible con los valores éticos y morales que deben regir la función pública. El Comité Ejecutivo Nacional del partido respaldó públicamente la suspensión y refrendó su compromiso con la legalidad, el respeto y los derechos de la niñez.
El hallazgo del cadáver en su celda sorprendió a las autoridades judiciales y penitenciarias. Hasta ahora no se han dado a conocer detalles formales sobre investigaciones internas en la cárcel respecto a su fallecimiento, aunque el suicidio parece la hipótesis primaria. El impacto judicial del desenlace genera interrogantes sobre la continuidad de la investigación y posibles impedimentos al acceso de testigos y pruebas clave.
El caso se inserta en un contexto de creciente preocupación por delitos de explotación sexual en entornos pequeños y comunitarios. Aunque no se trata de una red a gran escala como la “Operación Océano” que puso en evidencia una red nacional de abuso, representa un episodio grave dentro de una localidad pequeña (aproximadamente 3.700 habitantes) donde autoridades locales estaban directamente involucradas
Con la muerte del imputado, la acusación enfrentará nuevos retos técnicos: ordenar testimonios, asegurar la presencia de testigos, preservación de pruebas y seguimiento con los coimputados. La fiscalía tendrá que revisar el plan de prosecución, pero sin la participación directa del acusado no habrá juicio oral tradicional. Lo que se decida en estos próximos días será clave para saber si la investigación seguirá su curso, se archivará, o tomará otra forma procesal.
Este caso abre cuestionamientos sobre el estado de la salud mental de detenidos que enfrentan causas graves, así como la responsabilidad del sistema penitenciario en su contención. También pone en relieve el compromiso pendiente de las autoridades políticas y judiciales con la protección de la infancia y el procedimiento frente a figuras públicas acusadas de estos delitos.
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