Sin defensa legal en el mundo digital: Uruguay y el desafío de regular las redes
En Uruguay, las redes sociales se han convertido en canales fundamentales para la comunicación, la opinión pública y la interacción diaria. Sin embargo, el crecimiento exponencial de estas plataformas no ha sido acompañado por un desarrollo normativo que garantice la protección integral de los usuarios frente a situaciones de acoso, difamación, suplantación de identidad o uso indebido de datos personales.
El país carece actualmente de un marco legal específico que regule el funcionamiento de las redes sociales en lo que refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales, la protección de los derechos individuales y los mecanismos de denuncia eficaces.
A pesar de que la Ley de Protección de Datos Personales (18.331) establece principios generales sobre el tratamiento de datos en el entorno digital, muchos expertos señalan que no contempla aspectos fundamentales del ecosistema actual de redes sociales, como los algoritmos de amplificación de contenido, la moderación automatizada o los efectos de la viralización no consentida.
Según explicó a Ecos del Este la abogada especializada en derecho digital, Dra. Laura Gómez, “el sistema judicial uruguayo no cuenta con herramientas ágiles para responder ante reclamos por publicaciones ofensivas o la difusión de imágenes sin consentimiento”. Agregó que “las plataformas operan bajo normas internacionales, pero sin obligación directa de acatar resoluciones locales con inmediatez”.
Durante el último año, se registraron múltiples denuncias de ciudadanos que fueron víctimas de publicaciones falsas, campañas de odio o difusión de datos personales sin autorización. En la mayoría de los casos, las vías judiciales resultaron lentas o ineficaces, y las propias plataformas no ofrecieron respuestas satisfactorias.
Uno de los casos más recientes involucró a una docente cuya imagen fue alterada y viralizada con contenido difamatorio. “Hice la denuncia en la comisaría y luego en Fiscalía, pero mientras tanto mi nombre circulaba por todos lados sin control”, relató la afectada.
En el Parlamento, existen propuestas iniciales para avanzar en una legislación sobre entornos digitales, aunque sin un tratamiento prioritario. Algunos sectores políticos sostienen que cualquier regulación debe garantizar el respeto a la libertad de expresión, mientras otros reclaman marcos más firmes para proteger la dignidad y privacidad de las personas.
“Se trata de encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y la libre circulación de ideas”, opinó el senador Martín Rodríguez, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. “Hoy, los uruguayos están desprotegidos frente a un poder digital que no reconoce fronteras”.
Mientras no exista un marco normativo actualizado, las recomendaciones pasan por la educación digital, el uso responsable de las plataformas y la búsqueda de asesoramiento legal ante cualquier situación de vulneración de derechos.
Desde la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) se promueve el uso de canales formales para la denuncia de abusos, aunque reconocen que las respuestas dependen muchas veces de empresas con sede en el exterior.
En un contexto de creciente digitalización, la ausencia de normas específicas representa un desafío urgente. La sociedad uruguaya demanda respuestas legales claras para evitar que el espacio virtual se convierta en tierra de nadie.