El Estado acordó el pago de US$ 144 millones al consorcio del Ferrocarril Central y evitó arbitraje internacional
El gobierno nacional anunció este lunes un acuerdo con el consorcio Grupo Vía Central para saldar una deuda reclamada por la empresa por trabajos vinculados a la construcción y puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central. La resolución implica un desembolso de US$ 144 millones por parte del Estado, evitando así un proceso de arbitraje internacional.
La firma del acuerdo tuvo lugar al mediodía en la Torre Ejecutiva, en el marco de una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi. También participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; los ministros de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; así como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. En representación del consorcio empresarial estuvieron presentes Jesús Contreras y Alejandro Ruibal.
El convenio formaliza la «Tercera Modificación bilateral del Contrato de Participación Público Privada» correspondiente al tramo ferroviario entre el Puerto de Montevideo y la estación Paso de los Toros. La negociación, calificada como «compleja» por las autoridades, pone fin a una controversia contractual iniciada durante el gobierno anterior.
El ministro Gabriel Oddone explicó que el diferendo se estructuró en dos períodos. El primero abarca desde diciembre de 2023 hasta el 7 de agosto de 2024, cuando el servicio operaba en fase de prueba. Por este tramo, se acordó un pago de US$ 56,5 millones, sujeto a la validación de un mediador internacional, que dispondrá de un plazo de 60 días para expedirse.
El segundo período comprende desde el 8 de agosto de 2024 al 31 de marzo de 2025. En este caso, el Estado se comprometió a pagar el 80% de los montos reclamados por el consorcio, incluyendo costos financieros generados por demoras.
“El acuerdo total asciende a US$ 144 millones”, detalló Oddone, quien sostuvo que la resolución era necesaria para “preservar la honorabilidad del país” en el cumplimiento de sus compromisos contractuales. Asimismo, advirtió que también estaba en juego “la viabilidad financiera de empresas vinculadas al proyecto” y el empleo asociado.
El conflicto tuvo su origen a finales de la administración de Luis Lacalle Pou, cuando el consorcio anunció su intención de acudir a instancias de arbitraje internacional por una supuesta deuda impaga de US$ 160 millones. En ese entonces, el Ministerio de Transporte, encabezado por José Luis Falero, negó la existencia de incumplimientos. No obstante, las nuevas autoridades reconocieron la necesidad de buscar una solución negociada.
El presidente Orsi señaló que si bien el acuerdo implica un impacto fiscal no deseado, resultaba imperativo resolver el problema: “Lo que no pasó, no pasó, y es necesario resolverlo ahora”, afirmó.
Consultado sobre el modo en que se financiará este pago, el ministro Oddone indicó que la discusión presupuestal se encuentra en desarrollo y que el proyecto de Presupuesto Quinquenal estará pronto en agosto. Aunque no descartó eventuales ajustes tributarios, aclaró que se procurará no incrementar la presión fiscal al cierre del período.
La documentación será remitida al Tribunal de Cuentas para su análisis.