Ocho meses de libertad a prueba para agente que lesionó a dos jóvenes en operativo en 2022
La Justicia condenó este lunes a un funcionario policial por dos delitos de lesiones personales agravadas, cometidas durante un procedimiento realizado en la rambla de San Carlos en febrero de 2022, en las inmediaciones de un pub conocido de la zona. La jueza del caso concluyó que el agente actuó con exceso al efectuar dos disparos con una escopeta cargada con munición menos que letal, en el marco de una situación que ya se encontraba controlada y sin que mediara un peligro directo hacia su integridad.
De acuerdo con la sentencia judicial, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 20 de febrero de 2022, cuando un móvil policial realizaba una recorrida en la zona y fue impactado por una botella de vidrio lanzada desde un grupo de personas apostadas fuera del local nocturno. Tras el hecho, los efectivos detuvieron a un adolescente sindicado como autor del ataque, lo que generó la reacción de otros jóvenes que intentaron impedir la detención.
Durante el juicio, una testigo relató que el agente policial implicado “le quitó la remera al adolescente, tiró su celular al suelo y luego lo subieron al patrullero”. En medio de la tensión, el funcionario fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente, tras lo cual empuñó su arma y efectuó un disparo hacia el suelo con munición no letal. El proyectil rebotó e impactó en la pierna de una joven que se encontraba a varios metros del incidente, y que no participaba en los disturbios.
Minutos después, y tras correr algunos metros, el agente volvió a disparar. La segunda munición alcanzó a otra joven, también ajena a la confrontación, que observaba los hechos a distancia.
La jueza Sylvana García determinó que no se acreditó una amenaza directa hacia los funcionarios en el momento de los disparos y calificó las acciones del agente como “un exceso”. Según el fallo, “ninguna imagen registra que el policía se encontrara sometido a peligro alguno” y, si bien no se acreditó intención directa de lesionar, sí se comprobó que el funcionario debió prever las consecuencias al disparar en dirección a una multitud.
La Fiscalía había solicitado ocho meses de prisión efectiva. No obstante, la pena fue sustituida por un régimen de libertad a prueba, que incluye la realización de tareas comunitarias y otras obligaciones.
El caso reabre el debate sobre el uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía en espacios públicos, particularmente en situaciones de alteración del orden en zonas concurridas. La sentencia busca sentar un precedente en relación al accionar de los efectivos en contextos donde la intervención debe contemplar tanto la seguridad operativa como la integridad de civiles no involucrados en actos de violencia.