Senado aprobó licencia remunerada para que padres asistan a actividades educativas de sus hijos

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El proyecto establece hasta ocho horas anuales, con un máximo de cuatro por actividad. Todavía debe ser tratado por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto que reconoce a los trabajadores el derecho a ausentarse de sus empleos para participar en actividades organizadas por los centros educativos de sus hijos.

La iniciativa concede un máximo de ocho horas remuneradas por año. Es decir, el trabajador no perdería salario por utilizar ese tiempo, aunque deberá cumplir determinadas condiciones de aviso y acreditación.

Cómo funcionaría el beneficio

El texto establece que las ocho horas no podrán usarse en una única oportunidad. El máximo será de cuatro horas por cada actividad educativa, luego de que la oposición propusiera una modificación aprobada durante el tratamiento.

Para utilizar el beneficio, el trabajador deberá informar al empleador con una antelación mínima de dos días. Posteriormente tendrá que presentar un certificado emitido por la escuela, liceo o institución correspondiente, que acredite su asistencia.

El proyecto obtuvo el respaldo de todos los partidos representados en el Senado

Todavía no está vigente

La aprobación del Senado representa solamente la primera media sanción. El texto debe pasar ahora a la Cámara de Representantes, donde podrá ser aprobado sin cambios, modificado o rechazado.

Por esa razón, los trabajadores todavía no pueden invocar este beneficio como un derecho vigente. Solo comenzará a aplicarse si ambas cámaras aprueban el mismo texto, el Poder Ejecutivo lo promulga y la norma entra formalmente en vigor.

El proyecto fue presentado por el senador frenteamplista Gustavo González, quien sostuvo que la participación familiar en actos, reuniones y actividades educativas tiene consecuencias positivas para el desarrollo emocional de niños y adolescentes.

Durante el debate, legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado reconocieron que el mecanismo impone un costo a los empleadores, pero entendieron que se justifica por el fortalecimiento del vínculo entre las familias y los centros educativos.

La Cámara de Diputados deberá definir ahora si mantiene el máximo de ocho horas anuales y los requisitos aprobados por el Senado.

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