Fiscalía aguarda una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre contrataciones y pagos. El juez ordenó que el organismo informe en un máximo de 20 días cómo tramitó el expediente y por qué se demoró.
La investigación penal que involucra a tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado continuará abierta durante un año más, después de que la Justicia aceptara el pedido formulado por Fiscalía.
El juez Juan Manuel Cabrera concedió la máxima prórroga prevista por el Código del Proceso Penal para continuar las actuaciones relacionadas con Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexandro Infante.
Los tres permanecen formalizados dentro de una investigación sobre contrataciones y pagos realizados en el legislativo departamental. La formalización abrió el proceso penal, pero no representa una condena.
El fiscal Jorge Vaz fundamentó la solicitud en una auditoría pendiente del Tribunal de Cuentas de la República, que considera necesaria para respaldar técnicamente una eventual acusación.
Un informe pendiente desde 2025
Fiscalía solicitó la auditoría dos días después de completarse las formalizaciones de setiembre de 2025. El documento todavía no fue remitido.
Vaz sostuvo que el análisis debe comprender el período completo de gobierno de la Junta y que podría aportar información sobre otras irregularidades. También indicó que del informe podrían surgir nuevos hechos, delitos o imputados.
Esa afirmación fue cuestionada por los defensores de Infante, Federico Graña y Nicolás Pereira. Los abogados calificaron el planteo como una investigación “prospectiva” y se opusieron a extender el plazo sobre la posibilidad de encontrar hechos que no estaban delimitados inicialmente.
Las defensas de Correa y Sánchez no se opusieron a la prórroga.
El Tribunal de Cuentas deberá informar sobre la demora
Además de ampliar el plazo, el juez ordenó al Tribunal de Cuentas remitir en un máximo de 20 días el testimonio del expediente administrativo generado por la solicitud de la auditoría.
La resolución busca conocer los movimientos realizados, las oficinas por las que pasó el trámite y las razones por las que el trabajo no fue entregado. La orden no establece que la auditoría final deba quedar terminada dentro de esos 20 días.
La extensión comenzará al vencer los plazos actuales: el 3 de setiembre para Correa y Sánchez y el 8 de setiembre para Infante.
Durante ese período, Fiscalía deberá reunir la prueba pendiente y resolver si presenta acusación, solicita nuevas actuaciones o adopta otra decisión procesal. Los imputados mantienen su derecho a defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
