El operativo policial permitió recuperar herramientas, ropa, productos de higiene y una garrafa de 13 kg.
En un rápido accionar del personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, la Policía logró la detención de un hombre con antecedentes penales, vinculado a un robo en una vivienda de San Carlos.
El hecho fue denunciado en la tarde del 26 de marzo, cuando un ciudadano se presentó ante las autoridades para informar que entre el 16 y el 26 de marzo, desconocidos ingresaron a su vivienda, ubicada en calle Tomás Berreta, y le sustrajeron:
📌 Herramientas y mechas.
📌 Mangueras y agentes expansores.
📌 Ropa y productos de higiene personal.
📌 Una garrafa de 13 kg.
Mientras realizaban una investigación por otro ilícito en días anteriores, los efectivos policiales habían avistado algunos de los objetos robados en poder de un individuo con antecedentes penales.
Esto llevó a los agentes a concurrir al domicilio del sospechoso, donde se logró su intervención y la incautación de parte de los objetos denunciados.
El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de 4to. Turno, que ordenó la conducción del detenido a la sede judicial en la tarde del mismo día, donde se determinará su situación procesal.
El accionar policial permitió no solo esclarecer el robo, sino también recuperar los efectos sustraídos, devolviendo tranquilidad a la víctima.
La Policía logró capturar a los presuntos responsables tras un operativo en la zona. Ambos detenidos tenían antecedentes penales.
Un violento episodio ocurrió en la tarde del miércoles 26 en el barrio San Antonio de Maldonado, cuando dos hombres a bordo de una moto efectuaron disparos contra una vivienda ubicada en la calle Caracara.
El incidente fue reportado al servicio de emergencias 9-1-1, lo que activó un rápido operativo policial en la zona con móviles de URPM y PADO de la zona operacional II.
Captura de los sospechosos
📌 Primer detenido: En la intersección de Caracara y Libertad, la Policía logró capturar a un hombre de 28 años con antecedentes penales. Se le incautó un arma de fuego y fue trasladado al MSP, ya que presentaba una herida de bala en la pierna.
📌 Segundo detenido: Poco después, en Caracara y Howel, fue arrestado un segundo individuo, de 29 años y también con antecedentes penales. Se le incautó un revólver, una gran cantidad de dinero y sustancia blanca, presuntamente estupefacientes. Además, presentaba una herida de arma de fuego en el brazo derecho.
Drogas y dinero en la vivienda atacada
Al inspeccionar la casa que recibió los disparos, la Policía encontró sustancia blanca, dinero en efectivo y una balanza de precisión, elementos que suelen estar asociados a la comercialización de drogas.
Intervención de las autoridades
En el lugar se hicieron presentes la Jefa de Zona y el titular de la Seccional 6ta, quienes tomaron el control del procedimiento. También participaron efectivos de la Brigada de Narcóticos y Policía Científica, mientras que el área de Analítica trabaja en el caso para esclarecer los hechos.
El operativo quedó bajo la órbita de la Fiscalía de 4to. Turno, que continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los detenidos y si el hecho está vinculado al narcotráfico o a un ajuste de cuentas.
Un informe revela graves carencias en educación y señala que el 93,7% de los reclusos quiere estudiar, pero las oportunidades siguen siendo insuficientes.
El Ministerio de Educación y Cultura presentó este jueves 13 de febrero el Informe de Aplicación 2024 del dispositivo de detección de analfabetismo en personas adultas privadas de libertad, una investigación clave para comprender la realidad educativa dentro del sistema penitenciario uruguayo.
La conferencia, realizada en la sala Alba Roballo del MEC, contó con la participación del director nacional de Educación, Gonzalo Baroni; la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Lourdes Salinas; y el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit.
El estudio, que se realiza por tercer año consecutivo, evaluó a 1.803 internos de 15 unidades penitenciarias y reveló que el 46% de la población privada de libertad en Uruguay es analfabeta, ya sea en su forma absoluta (3,7%) o funcional (42,3%).
Datos clave del informe
📌 Un sistema con grandes falencias El 86,1% de los reclusos evaluados no alcanza los desempeños esperados para la educación primaria completa, lo que evidencia una brecha educativa profunda.
📌 Niveles de analfabetismo alarmantes
Analfabetismo absoluto: El 3,7% de los internos no posee habilidades básicas de lectura y escritura.
Analfabetismo funcional: Un 42,3% puede leer y escribir, pero con dificultades que le impiden comprender textos o resolver situaciones cotidianas.
📌 Desigualdad en el acceso a la educación Aunque el 61,7% de los reclusos asiste a alguna actividad educativa, el 37,7% sigue sin acceso a formación. En el subgrupo de analfabetos absolutos, el 63,6% no participa en ningún programa educativo.
📌 Interés en la educación A pesar de las dificultades, el 93,7% de los reclusos manifestó su deseo de seguir estudiando. Dentro de este grupo, el 19,1% quiere completar primaria y secundaria, mientras que el 18,7% aspira a la educación terciaria. También hay un fuerte interés en oficios, destacándose la construcción (15,5%), la mecánica (10,7%) y la gastronomía (6,1%).
Un problema con impacto en la reinserción
El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit advirtió que la falta de educación dentro del sistema penitenciario afecta directamente las oportunidades de reinserción social y laboral de los reclusos.
Por su parte, Gonzalo Baroni destacó que esta investigación debe servir como base para ampliar la oferta educativa en cárceles y garantizar trayectorias formativas que permitan reducir la reincidencia delictiva.
El informe subraya la urgencia de reforzar la educación en cárceles como una herramienta clave para la rehabilitación y reinserción de los internos. Sin un cambio estructural, cientos de personas seguirán sin acceso a una educación digna, perpetuando un círculo de exclusión y marginalidad.
Un violento asalto a mano armada ocurrió este domingo a las 21:30 en el supermercado El Dorado, en Balneario Buenos Aires. Dos delincuentes, portando pistolas 9mm, irrumpieron en el comercio y amenazaron a los empleados, exigiendo la recaudación de las cajas registradoras.
Tras obtener el dinero, los asaltantes huyeron en un Chevrolet Celta blanco, visto alejándose a toda velocidad. Minutos después, vecinos de calle 36 y ruta 10 alertaron sobre un vehículo incendiado con características similares al utilizado en la fuga. Se sospecha que los delincuentes lo prendieron fuego para eliminar pruebas.
La Policía desplegó un operativo en la zona. Efectivos de la Seccional 12 de La Barra, junto con investigadores y el Grupo PADO, trabajan en la escena del crimen y en el sitio donde apareció el auto.
El Centro de Comando Unificado (CCU) analiza grabaciones de seguridad para identificar a los responsables, mientras las autoridades continúan con los operativos para dar con los asaltantes.
Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este miércoles dejó como saldo dos hombres heridos en la intersección de Ruta 39 y Camino a Las Rosas.
El hecho fue reportado por un testigo que alertó a las autoridades sobre la presencia de una motocicleta encendida con un hombre caído a su lado. Minutos después, personal policial llegó al lugar y constató la presencia de dos personas inconscientes junto al vehículo.
Uno de los involucrados, un joven de 21 años, fue asistido por personal médico en el sitio, donde se le diagnosticó «politrauma leve en rostro». Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención especializada.
El segundo afectado, un ciudadano argentino de 29 años, presentaba heridas de mayor consideración. Tras la evaluación de los servicios de emergencia, se determinó que sufría «politrauma moderado», por lo que fue derivado al Sanatorio Mautone para su internación.
Las causas del siniestro aún están bajo investigación. Personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.
Las autoridades instan a la población a circular con precaución, respetando las normas de tránsito para evitar nuevos incidentes en las rutas del departamento.
El crimen de Leonardo José Chimuris Sosa, ocurrido el pasado 29 de enero en una vivienda de la calle Rafael Pérez del Puerto, en Maldonado, finalmente fue esclarecido. La Policía logró detener al principal sospechoso, Christian Fabián Díaz Moreira, de 37 años, quien ya fue condenado a 10 años de prisión.
La investigación, a cargo del Departamento de Homicidios de la Zona Operacional V y supervisada por la Fiscalía de 1er Turno de Maldonado, permitió identificar a Díaz Moreira como el autor del homicidio. Su captura se produjo el pasado 10 de febrero, cerca de las 19:45 horas, cuando dos funcionarias policiales que viajaban en un ómnibus desde Aiguá hacia San Carlos lo reconocieron entre los pasajeros.
Las agentes dieron aviso inmediato a sus superiores, lo que permitió coordinar un operativo con efectivos de distintas reparticiones. Al arribo del ómnibus a la terminal de San Carlos, Díaz Moreira fue interceptado y detenido sin incidentes. En el momento de su captura, se encontraba acompañado por una mujer mayor de edad, quien fue interrogada y posteriormente liberada.
Tras su detención, el acusado fue trasladado al Departamento de Homicidios, donde la Fiscalía dispuso su comparecencia ante la Justicia. En audiencia realizada en el Juzgado Letrado de 4to Turno de Maldonado, Díaz Moreira fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio y sentenciado a cumplir 10 años de penitenciaría.
Cabe recordar que por este mismo caso ya había sido procesado y condenado Jorge Martín Vegas Sabatella, de 29 años, también con antecedentes penales, quien recibió una pena de 7 años de prisión por su participación en el crimen.
Con esta condena, la Justicia da por esclarecido el homicidio de Leonardo Chimuris Sosa, cerrando una investigación que mantuvo en vilo a la comunidad de Maldonado en las últimas semanas.
Waldemir Graña: «El estrés laboral y los bajos salarios impactan gravemente en la salud mental de los policías».
El presidente del Sindicato Policial de Maldonado (UNIPOLMA), Waldemir Graña, expresó su preocupación ante el aumento de situaciones de estrés y problemas de salud mental en el cuerpo policial. Según el dirigente, esta problemática afecta no solo a los funcionarios de Maldonado, sino también a policías de todo el país.
“El número de casos de problemas de salud mental, incluidas situaciones de suicidio, es completamente alarmante y debería tener una explicación lógica. Sabemos que el suicidio puede ser multicausal, pero el bajo salario influye muchísimo en el bienestar de los policías”, señaló Graña.
El dirigente explicó que los bajos ingresos generan problemas económicos que, sumados a la presión inherente al trabajo policial, afectan directamente la estabilidad emocional de los funcionarios. “Un policía que gana un buen sueldo puede evitar problemas familiares, deudas y cumplir con sus obligaciones. Pero si no llega a fin de mes, su cabeza, ya recargada por el estrés del trabajo, se sobrecarga aún más”, explicó.
Graña destacó que la salud mental de los policías se ve afectada también por situaciones familiares complicadas, como separaciones y conflictos económicos. “Muchos policías no pueden cumplir con el pago de sus obligaciones porque no les permiten hacer horas extras o porque les retiran el arma de reglamento. Esto lleva a tensiones familiares y a un aumento de casos de violencia doméstica”, aseguró.
Además, enfatizó que los policías, como cualquier otro ciudadano, son padres, hermanos o hijos, y que las exigencias de la sociedad por mantener una conducta intachable muchas veces los exponen a un escrutinio constante.
El líder sindical hizo un llamado a las autoridades para que consideren estas situaciones y propongan soluciones concretas, como aumentos salariales y un enfoque integral en la salud mental de los policías.
En un importante operativo policial desarrollado en la ciudad de Maldonado, se desarticuló una red que comercializaba dispositivos conocidos como TV Box modificados para el acceso ilegal a señales de televisión protegidas por derechos de autor. Este procedimiento, que incluyó allanamientos simultáneos en dos locales del centro de la ciudad, fue llevado adelante por la Policía de Maldonado, con apoyo de Policía Científica y un perito especializado en tecnología.
La investigación comenzó a partir de publicaciones en redes sociales que denunciaban actividades sospechosas en tres comercios de la zona, los cuales ofrecían estos dispositivos modificados. Según el abogado Fernando Couto, representante legal de los principales canales de televisión de Montevideo y vicepresidente de la Cámara Uruguaya Antipiratería, los locales modificaban los dispositivos al instalarles un software que permitía a los compradores acceder de forma ilegal a señales de televisión.
La denuncia inicial fue presentada en la Seccional 1.ª de Maldonado, y el Comisario Romero, junto con su equipo, lideró la investigación. Tras reunir pruebas y coordinar con la Fiscalía, se solicitaron los allanamientos, los cuales se realizaron en la mañana del martes en dos locales ubicados en las inmediaciones de la Plaza San Fernando, en el centro de Maldonado.
Durante los procedimientos, los efectivos policiales y peritos especializados constataron la existencia de dispositivos modificados, así como el software instalado que facilitaba el acceso ilegal a señales de televisión. Policía Científica documentó minuciosamente los elementos incautados mediante fotografías, los cuales serán presentados como evidencia ante la Fiscalía.
La Dra. Paola Maeso, abogada que forma parte del equipo legal que trabaja en el caso, destacó la relevancia de este operativo como un paso clave en la lucha contra la piratería de contenido televisivo. Según explicó Maeso, el daño causado por estas prácticas ilegales afecta directamente a la industria audiovisual, perjudica a los titulares de derechos de autor y fomenta un mercado negro que atenta contra la legalidad.
Más allá de la infracción a los derechos de autor, el abogado Fernando Couto alertó sobre los riesgos asociados al uso de estos dispositivos. Según Couto, estos TV Box modificados representan una amenaza para los usuarios, ya que el software instalado puede ser utilizado para el robo de datos personales.
“El gran riesgo de comprar este tipo de dispositivos es que, al conectarse a la red Wi-Fi del hogar, el software instalado tiene acceso a toda la información de esa red. Hemos constatado que muchos de estos aparatos recopilan datos sensibles, como credenciales bancarias o accesos a redes sociales, dejando a los usuarios expuestos a posibles estafas o robos de identidad. Nada es gratis, y lo barato muchas veces sale caro”, advirtió el abogado.
Este aspecto técnico convierte a los dispositivos en un doble problema: por un lado, generan pérdidas económicas para las empresas que producen contenidos legítimos; por otro, comprometen gravemente la seguridad digital de quienes los adquieren.
Los responsables de los locales involucrados enfrentan cargos por hurto de señal y violación de la ley de marcas, debido al uso indebido de los logotipos de las señales pirateadas. Estas acciones constituyen delitos que pueden ser sancionados con condenas de entre 8 y 10 meses de prisión. Sin embargo, al tratarse de infractores primarios, los imputados se acogieron al régimen de libertad a prueba.
La investigación continúa para determinar si existe una red más amplia detrás de esta actividad ilegal, ya que los dispositivos incautados podrían provenir de un esquema organizado de distribución y comercialización.
La piratería de señales de televisión, especialmente a través del sistema IPTV, es un problema que afecta tanto a empresas de medios como a los propios consumidores. Según Couto, estas prácticas desleales no solo representan un golpe financiero para las cadenas televisivas, sino que también promueven un entorno de inseguridad en el ámbito digital.
La Dra. Maeso destacó que estos dispositivos pueden ser vendidos de forma legítima si no incluyen contenido pirateado, pero al ser modificados para ofrecer señales de televisión sin autorización, violan las normativas nacionales e internacionales sobre derechos de autor y control de piratería.
“Los allanamientos fueron esenciales para recoger pruebas digitales y físicas que confirmen la infracción. Estos operativos no solo buscan frenar la venta de dispositivos ilegales, sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad de proteger los derechos de autor y combatir estas prácticas desleales”, señaló Maeso.
Las autoridades y los representantes legales hicieron un llamado a la ciudadanía para que evite adquirir dispositivos TV Box modificados o servicios que prometan acceso barato a señales de televisión. Además, recomendaron desconfiar de ofertas publicadas en redes sociales que puedan estar relacionadas con la piratería.
En caso de detectar actividades sospechosas, se insta a realizar denuncias anónimas para contribuir al combate contra esta problemática. La protección de los derechos de autor y el respeto por la legalidad son fundamentales para garantizar un mercado justo y seguro tanto para empresas como para consumidores.
Este operativo, aunque significativo, es apenas un paso en la lucha contra la piratería tecnológica en Uruguay. Se espera que las investigaciones en curso permitan desarticular redes más amplias y reforzar la conciencia sobre los riesgos que implican estas prácticas ilegales.
Milagros, una joven de 15 años en aquel momento, sufrió un abuso sexual múltiple en Punta del Este, un hecho que la sumió en un profundo trauma y que finalmente decidió denunciar tras doce años de silencio. Cuando presentó la denuncia, el caso fue archivado por prescripción de los hechos, bajo el antiguo Código Penal de Uruguay, lo cual impidió el proceso judicial que ella esperaba.
Tras años de lucha contra la depresión y el estrés postraumático, y sin encontrar apoyo en el sistema de salud mental, Milagros hizo pública su historia en un esfuerzo por ayudar a otras mujeres a enfrentar situaciones similares. Sin embargo, el 25 de octubre de 2024, Milagros se quitó la vida en un centro de salud de Montevideo, donde esperaba la atención de un psiquiatra.
La noticia de su fallecimiento movilizó a colectivos feministas y a compañeros de su programa de maestría, quienes han convocado a acciones en su memoria. El 1º de noviembre se realizará una sentada en la Jefatura de Policía de Maldonado y el 8 de noviembre, sus compañeros leerán una proclama en el Centro Universitario Regional del Este.
Un laboratorio de análisis clínicos ha denunciado ante la Fiscalía la existencia de fichas médicas y carnés de salud falsificados en el fútbol uruguayo, revelando un entramado que afecta a cerca de 100 jugadores. La situación fue descubierta tras la muerte del futbolista Juan Izquierdo, y desde entonces la Secretaría Nacional de Deportes ha comenzado a realizar controles aleatorios que han destapado una problemática de alto riesgo sanitario y competitivo.
Según información a la que accedió el periodista Eduardo Preve, se han detectado alrededor de 40 fichas y carnés falsos entre jugadores de clubes pertenecientes tanto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como a la Organización del Fútbol del Interior (OFI), específicamente en Montevideo, Colonia y Paysandú. Existen otros 60 casos en proceso de verificación. Además de los documentos deportivos, también se han hallado certificados apócrifos para empresas transportistas, lo que amplía la gravedad del caso.
Detalles de la investigación
Los falsificadores replicaron las fichas en plástico, imitando los logos y formatos oficiales, aunque la diferencia en los códigos QR permitió detectar la anomalía. Sorprendentemente, se ha documentado el caso de un jugador que ha competido desde 2016 con una ficha médica fraudulenta, sin realizar los controles médicos obligatorios en los últimos ocho años.
La denuncia no sólo provino del laboratorio, sino también de un médico cuya firma fue utilizada sin consentimiento en varias de las fichas adulteradas. Según la denuncia, la Secretaría Nacional de Deportes debería ser responsable del control de estos documentos, y su falta de intervención ha generado cuestionamientos sobre el sistema de monitoreo sanitario de los jugadores en Uruguay.
En Paysandú, se encontraron hasta 17 fichas médicas falsificadas en un solo club, lo cual ha suspendido temporalmente la competencia en esa zona. Las autoridades ya han asignado un fiscal al caso, y se espera que las investigaciones revelen el alcance completo de este sistema de falsificación.
