Lavalleja

El programa “La Pecera” conducido por Ignacio “Nacho” Álvarez en Azul FM 101.9, volvió a poner a la Intendencia de Lavalleja en el centro del debate público, tras la intervención de la economista Verónica Acosta, oriunda de Minas. En diálogo con Álvarez, la especialista presentó documentación oficial que evidencia contrataciones directas, compensaciones salariales y vínculos personales en la administración que encabeza el intendente Daniel Jiménez, del Frente Amplio.

Jiménez, médico cirujano reconocido y actual jefe comunal, había prometido durante su campaña un nuevo tiempo de transparencia y profesionalización del ingreso público, defendiendo la Ley de Concursos para intendencias como un avance histórico. Sin embargo, las resoluciones recientes de su gobierno parecen ir en dirección contraria.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, la intendencia emitió varias resoluciones de arrendamiento de obra profesional, sin llamado a concurso, con montos elevados y plazos extensos.
Entre los casos destacados se encuentra el del arquitecto Juan Martín Frazchia, quien, según la documentación analizada, renunció a su cargo como encargado de edificios comunales —con un salario menor— y fue recontratado directamente como arquitecto por $120.000 mensuales más IVA, por un plazo de once meses. El total de la contratación asciende a $1.320.000 más impuestos.

Otro caso señalado fue el de Analía Grande, conocida organizadora de eventos en Minas. Hasta hace poco cumplía tareas como asesora honoraria, sin percibir remuneración. Sin embargo, fue contratada formalmente por tres meses a $100.000 mensuales más IVA.
Su caso cobró relevancia política porque, según versiones recogidas por Acosta, Grande es cuñada de la senadora blanca Alexandra Insaurralde, quien no apoyó al candidato oficialista del Partido Nacional en las últimas elecciones departamentales. El hecho ha generado comentarios sobre posibles acercamientos políticos entre sectores tradicionalmente opuestos.

En la misma línea, Leticia Martínez fue también contratada por $100.000 más IVA durante diez meses para tareas de organización de eventos, lo que sugiere una duplicidad de funciones en un área cultural cuyo presupuesto no parece justificar dos contratos de ese nivel.

Entre las designaciones más comentadas, figura la de José Gabriel Galvona Rodríguez, quien recibe una compensación de $74.000 mensuales “por permanencia a la orden”.
Según los documentos, Galvona habría sido designado en el área de Tránsito, pero vecinos y funcionarios lo identifican acompañando al director del área como guardaespaldas, lo que genera dudas sobre su rol real.
Más llamativo aún es que, tras ser reasignado al área de mantenimiento de edificios públicos, la compensación se mantuvo activa, pese a no cumplir las tareas originales.

Acosta destacó además que Galvona no es oriundo de Lavalleja, sino de Cerro Largo, lo que alimenta cuestionamientos sobre la selección de personal local.
“¿No hay en Lavalleja gente capacitada para esos cargos?”, se preguntó irónicamente la economista al aire.

La suma de las contrataciones directas supera los $500.000 mensuales, y en varios casos los montos totales exceden el tope legal de $987.000 para compras directas ampliadas.
Esto implica que algunas designaciones deberían haberse tramitado mediante licitación o concurso público, tal como prevé la normativa.
Acosta cuestionó si el Tribunal de Cuentas intervendrá ante estos casos: “Estas observaciones se repiten. Los jerarcas suelen resolver repetir el gasto y mantener los contratos. Es un sistema que requiere urgente corrección”.

En el programa se recordó que Jiménez había sido cuestionado antes de asumir, por irregularidades en la regularización catastral de su vivienda —una propiedad con piscina declarada por apenas 102 m² cuando en realidad tenía 321 m²—.
“De quien se presentó como ejemplo de transparencia, esperábamos otra conducta administrativa”, señaló Álvarez durante la emisión.

En un contexto de déficit financiero reconocido por la propia intendencia, las designaciones generan preocupación y malestar entre funcionarios que temen por el pago de sueldos y aguinaldos a fin de año.
El intendente admitió públicamente que deberán solicitar una línea de crédito al Banco República para afrontar las obligaciones salariales de diciembre.

“¿Será esta la forma de gobernar con honestidad que prometió?”, se preguntó Acosta al cierre de su exposición.