Justicia

ADN confirma que cuerpo encontrado en Punta del Este es de Franco Toro; ya ordenaron la entrega a su familia

Una semana después de hallar un cuerpo que coincidía con las características físicas de Franco Toro, el argentino desaparecido en la madrugada del 1.º de enero, el Instituto Técnico Forense (ITF) confirmó su identidad mediante análisis de ADN. La Fiscalía ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares.

El hallazgo se produjo el domingo 5 de enero, luego de una intensa búsqueda en las aguas de Punta del Este. Aunque las hipótesis apuntaban desde el principio a que se trataba de Toro, las condiciones en que se encontraba el cuerpo no permitían una identificación inmediata. “Las características coincidían”, había declarado el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas, mientras se esperaba la confirmación oficial.

La fiscal Jessica Pereira solicitó la pericia genética al ITF, que finalmente confirmó la identidad. Tras recibir la noticia, allegados de Toro expresaron su gratitud por la solidaridad de la comunidad, que organizó una colecta para ayudar a la familia con los gastos de traslado, trámites y sepelio. “La familia de Franco agradece la inmensa generosidad de todos. Con lo recaudado podrán cubrir los costos pendientes”, escribieron los organizadores de la campaña en redes sociales.

Desaparición y búsqueda

El 1.º de enero de 2025, alrededor de las 6 de la mañana, dos amigas de Franco decidieron bañarse en Playa del Emir, un área entre la zona autorizada y una prohibida para nadar. Poco después, las jóvenes pidieron ayuda, ya que la corriente las arrastró a una zona rocosa y peligrosa.

Franco Toro y otro hombre se lanzaron al agua para socorrerlas. Testigos solicitaron apoyo mientras uno de ellos lograba rescatar a dos personas. La Prefectura rescató a una tercera persona, pero Franco desapareció en el mar.

El domingo 5 de enero, el guardavidas Diego González divisó el cuerpo a casi un kilómetro de la orilla, desde una moto de agua en la parada 3 de la Playa Brava.

Toro, oriundo de Bahía Blanca, Argentina, había llegado a Uruguay pocos días antes para trabajar durante la temporada de verano. La tragedia ha conmocionado a ambas orillas del Río de la Plata, donde amigos y familiares recuerdan su valentía y solidaridad.

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Imputado por choque en ruta 104 no podrá viajar a Argentina por las fiestas

La jueza Silvana García y el fiscal Sebastián Robles negaron este martes la solicitud del conductor argentino Nicolás Rocca, imputado por el siniestro vial en Manantiales que dejó dos jóvenes modelos argentinas fallecidas en enero de 2023, para viajar a Buenos Aires del 23 de diciembre al 3 de enero de 2025.

Rocca había solicitado permiso para salir de Uruguay argumentando “razones humanitarias”. Según sus abogados, Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, el viaje tenía como fin conocer a tres hermanos adoptados recientemente por su padre, quienes no pueden cruzar las fronteras argentinas debido a restricciones legales.

Tras analizar el pedido, la jueza García y el fiscal Robles determinaron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para garantizar el regreso de Rocca al país. Esto debido a que los tratados internacionales en los que Uruguay participa no incluyen acuerdos que aseguren la extradición de imputados bajo medidas restrictivas de libertad.

Además, la defensa había solicitado el levantamiento de la prisión domiciliaria total, medida que también fue rechazada por la Justicia. Rocca deberá continuar cumpliendo la restricción en territorio uruguayo mientras avanza el proceso judicial.

El caso: tragedia en la ruta 104

El accidente ocurrió el 4 de enero de 2023, cuando Rocca conducía su camioneta por la ruta 104 tras haber asistido a una fiesta nocturna. Según la Fiscalía, el joven manejaba bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, a una velocidad mayor a la permitida, e invadió la senda contraria. El impacto frontal contra otro vehículo dejó como saldo la muerte de Josefina Ferrero (27) y Micaela Trinidad (26), además de varios heridos, entre ellos, amigos del imputado que viajaban con él.

Rocca fue imputado por homicidio culpable calificado, y la Fiscalía, a cargo del doctor Robles, solicita una condena de ocho años de prisión. Los abogados de las familias de las víctimas, Emiliano Chimuris y Joaquín Abal, han insistido en que el caso debe mantenerse dentro del marco legal para evitar cualquier posibilidad de fuga del acusado.

El rechazo del pedido de Rocca ha sido recibido con alivio por las familias de las víctimas, quienes temían que la salida del imputado dificultara el proceso judicial. Este caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos de sustancias y de la importancia de que la justicia actúe con firmeza para garantizar que las víctimas obtengan reparación.

Rocca permanece bajo prisión domiciliaria total mientras se desarrollan las audiencias previas al juicio oral.

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El conductor imputado por accidente en Manantiales pide viajar a Argentina por Navidad

Nicolás Rocca, el joven argentino imputado por el accidente de tránsito en el que fallecieron las modelos Josefina Ferrero (27) y Micaela Trinidad (26), solicitó a la Justicia uruguaya autorización para viajar a Buenos Aires durante las fiestas de fin de año. El siniestro ocurrió en enero de 2023 en la ruta 104, a la altura de Manantiales, Maldonado, y dejó a Rocca con prisión domiciliaria tras ser acusado de un delito de homicidio culpable calificado.

Los abogados de Rocca, Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, argumentaron en su solicitud que el joven necesita viajar a Argentina por «razones de humanidad». Según explicaron en el escrito, un familiar cercano enfrenta una enfermedad terminal, y otro pariente adoptó tres niños que Rocca aún no ha conocido.

En la solicitud, los abogados propusieron medidas para garantizar su regreso a Uruguay:

  • Aportar una suma de dinero en dólares como caución, que permanecería embargada en el país.
  • Firmar una vez al día en una seccional cercana a su domicilio en Buenos Aires para demostrar que no se fugó.

El abogado Andrés Ojeda, representante de las familias de las víctimas, expresó en una entrevista radial que este martes se llevará a cabo una audiencia judicial para resolver la solicitud.

El 4 de enero de 2023, cerca de las 13:30, Nicolás Rocca conducía una camioneta matriculada en Argentina por la ruta 104, en dirección sur, luego de haber asistido durante toda la noche a eventos bailables y un “after” en una chacra. Según la Fiscalía, el joven manejaba “a una velocidad mayor a la permitida” y, además, había consumido alcohol y drogas.

Al llegar al kilómetro 1 de la ruta, Rocca invadió la senda contraria y chocó de frente contra otro vehículo argentino conducido por Josefina Ferrero. En el impacto, Ferrero y su acompañante, Micaela Trinidad, fallecieron de forma inmediata.

El choque involucró a otros seis testigos, quienes también resultaron heridos. Entre ellos estaban Melanie Larraburu y Camila Palacios, que viajaban con las víctimas, y Nazarena Sierra, Milena Antún, Josefina Elissondo y Juan Pablo Sentero, quienes iban en el vehículo con Rocca.

La Fiscalía de Maldonado acusó a Rocca de homicidio culpable calificado y pidió una condena de ocho años de cárcel. Según los documentos presentados, se sostiene que el joven conducía en condiciones peligrosas tras haber consumido sustancias, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de terceros.

Las audiencias de control de acusación se encuentran en curso, un paso previo al juicio oral en el que se determinará qué pruebas serán admitidas.

El caso ha generado opiniones encontradas. Mientras los abogados de Rocca apelan a razones familiares y garantizan que su cliente regresará al país, los familiares de las víctimas temen que el viaje facilite su fuga. “Se trata de un caso que todavía busca justicia. Lo que se pide no es solo justicia para las familias, sino también que se respete el proceso judicial”, afirmó Ojeda.

Por su parte, las audiencias han puesto nuevamente en el centro del debate la importancia de la seguridad vial y las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

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La historia de Milagros: abuso, justicia fallida y una vida marcada por el dolor

Milagros, una joven de 15 años en aquel momento, sufrió un abuso sexual múltiple en Punta del Este, un hecho que la sumió en un profundo trauma y que finalmente decidió denunciar tras doce años de silencio. Cuando presentó la denuncia, el caso fue archivado por prescripción de los hechos, bajo el antiguo Código Penal de Uruguay, lo cual impidió el proceso judicial que ella esperaba.

Tras años de lucha contra la depresión y el estrés postraumático, y sin encontrar apoyo en el sistema de salud mental, Milagros hizo pública su historia en un esfuerzo por ayudar a otras mujeres a enfrentar situaciones similares. Sin embargo, el 25 de octubre de 2024, Milagros se quitó la vida en un centro de salud de Montevideo, donde esperaba la atención de un psiquiatra.

La noticia de su fallecimiento movilizó a colectivos feministas y a compañeros de su programa de maestría, quienes han convocado a acciones en su memoria. El 1º de noviembre se realizará una sentada en la Jefatura de Policía de Maldonado y el 8 de noviembre, sus compañeros leerán una proclama en el Centro Universitario Regional del Este.

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Denuncias falsas: el terremoto político desatado por el programa Santo y Seña

La fiscal general Mónica Ferrero generó un revuelo en el ámbito político al solicitar una copia del programa Santo y Seña, emitido el pasado 5 de mayo. Esta solicitud tiene como fin poner a disposición de las fiscales encargadas de investigar las denuncias contra el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi y el exsenador nacionalista Gustavo Penadés.

El detonante de esta acción judicial fue una serie de testimonios divulgados en el programa conducido por Ignacio Álvarez. Uno de los momentos más impactantes fue la confesión de Paula Díaz, la mujer trans que en marzo había denunciado a Orsi por una presunta agresión sexual ocurrida hace una década. En un giro inesperado, Díaz admitió que la acusación era falsa y señaló a la militante nacionalista Romina Celeste Papasso como instigadora de la denuncia falsa.

El respaldo a estas afirmaciones llegó de la mano de pruebas contundentes: mensajes de texto y audios entre Díaz y Papasso fueron divulgados durante el programa, revelando la trama urdida para «destrozar» la imagen de Orsi. En uno de los mensajes, Papasso instruía a Díaz a fabricar una historia, indicando que mientras más grave fuera, mejor.

Ante las preguntas sobre su cambio de postura, Díaz explicó que decidió dar la cara al darse cuenta de la injusticia de sus acciones. Afirmó que su motivación no fue económica, sino que se dejó influenciar por motivos que aún no comprende del todo.

El panorama se complicó aún más con la revelación de un audio en el que Papasso admite la falsedad de la denuncia contra Orsi. En este mensaje, Papasso intenta justificar sus acciones aludiendo a la búsqueda de fama y dinero por parte de Díaz.

La reacción del Frente Amplio no se hizo esperar, respaldando a Orsi y demandando una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de esta campaña de desprestigio. Sin embargo, Orsi prefirió esperar a que la justicia esclarezca los hechos antes de sacar conclusiones.

El escándalo no se limitó a Orsi; Díaz también acusó a Papasso de inventar las acusaciones contra el exsenador Penadés. Según Díaz, Papasso habría tramado esta estrategia para obtener reconocimiento político luego de sentirse abandonada por su partido tras un incidente frente a la Intendencia de Montevideo.

La situación llevó a Papasso a tomar una drástica decisión: renunciar al Partido Nacional en un intento por mitigar el daño causado por sus acciones.

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Tras una década de espera: condenaron a 27 años al asesino de Lola Chomnalez

Después de casi una década de intensa búsqueda de justicia, el caso del brutal asesinato de Lola Chomnalez finalmente ha llegado a un desenlace con la condena a 27 años y medio de prisión para su asesino, Leonardo Sena.

La historia de este crimen ha estado marcada por una serie de giros y vueltas, con detalles escabrosos que han mantenido a la sociedad uruguaya en vilo durante años. La descripción técnica meticulosa de los eventos que llevaron a la muerte de la adolescente se convirtió en una pieza clave en la narrativa de una investigación que parecía no tener fin. Múltiples pericias, algunas confusas y contradictorias, mantuvieron a los investigadores en un estado de constante desconcierto.

Sin embargo, un giro inesperado llegó con la intervención de la genetista Natalia Sandberg, responsable del Registro Nacional de Huellas Genéticas de Policía Científica. Su estrategia de analizar la línea materna del ADN encontró un preso cuya línea materna coincidía con la del agresor de Lola Chomnalez: Leonardo David Sena.

Los antecedentes penales de Sena, incluida una condena por violación en su adolescencia, arrojaron luz sobre su oscuro pasado. La evidencia de ADN encontrada en la escena del crimen, combinada con testimonios que refutaron su coartada, proporcionaron una sólida base para su condena.

Aunque Sena intentó desacreditar la evidencia en su contra, el juez Juan Giménez Vera dejó abierta la posibilidad de la participación de otras personas en el crimen. Esta teoría ha sido históricamente sostenida por la familia de la víctima, quienes, a pesar de sus dudas, recibieron la sentencia como un reconocimiento a su persistencia en la búsqueda de justicia.

El largo camino hacia el esclarecimiento del caso ha sido también un recordatorio de la importancia de la perseverancia y la determinación. A casi 10 años desde la desaparición de Lola Chomnalez, la sentencia de 27 años y medio de cárcel para su asesino representa un paso significativo hacia el cierre de este capítulo oscuro en la historia judicial de Uruguay.

A pesar de la posibilidad de apelación por parte de Sena, la condena firme por encubrimiento contra Ángel «El Cachila» Moreira ya ha sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia. Este aspecto del caso refleja la complejidad y las vicisitudes que rodearon la búsqueda de justicia para Lola Chomnalez, pero también subraya la importancia de seguir luchando por la verdad y la rendición de cuentas en el sistema judicial uruguayo.

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Hay optimismo en la revisión de la resolución sobre cierre de juzgados en San Carlos

El diputado Federico Casaretto, representante del Partido Nacional por Maldonado, ha compartido en una entrevista reveladora detalles acerca de una reciente reunión mantenida con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Doris Morales. Este encuentro, que sigue una serie de deliberaciones previas, ha estado enfocado en abordar la cuestión del cierre de los juzgados letrados de San Carlos.

Casaretto describió cómo, tras la reunión de la semana pasada con la presidenta de la Suprema Corte, han avanzado en un diálogo destinado a revisar la resolución que conllevó el cierre de estos juzgados. En este contexto, el diputado expresó que han progresado en la búsqueda de soluciones para brindar espacios físicos destinados a las pericias técnicas forenses, un aspecto esencial para el adecuado desarrollo de las labores judiciales en San Carlos.

En este sentido, se destacó la importancia de comprender la complejidad y las necesidades reales de una localidad, a menudo no completamente visibles desde las oficinas centrales. El diputado enfatizó la relevancia de la sensibilidad y la comprensión de la realidad local para encontrar soluciones adecuadas a los desafíos específicos que enfrenta San Carlos.

Asimismo, Casaretto subrayó la sensibilización de la presidenta de la Suprema Corte sobre la movilización social generada por la decisión de cierre de los juzgados, evidenciando una toma de conciencia respecto a la necesidad de buscar alternativas viables para resolver esta problemática.

El diputado compartió su optimismo al describir la situación de los juzgados, comparándola con la metáfora médica de un paciente que, si bien había sido considerado sin vida, ha evolucionado hacia un estado de «cuidados intermedios», reflejando una mejoría que podría llevar a la pronta reapertura de los juzgados de San Carlos.

En cuanto a la estrategia futura, se mencionó la posibilidad de reconsiderar la resolución inicial de cierre, con la evaluación de mantener dos turnos en los juzgados, redistribuir materias y ajustar jurisdicciones, todo con el objetivo de garantizar la efectiva prestación de servicios judiciales en la región.

El diputado se mostró complacido por la masiva movilización social que ha logrado reunir firmas en apoyo a la causa, resaltando la importancia de la acción colectiva y la presión social en la resolución de este tipo de controversias.

En este marco, el diputado recordó otras situaciones en las que la movilización social en San Carlos ha logrado revertir decisiones que afectaban el desarrollo y los servicios de la región, lo que enfatiza la sensibilidad y el compromiso de la comunidad ante los desafíos que enfrenta.

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Un individuo fue formalizado por violación de domicilio

La noche del pasado sábado 5, la labor de los efectivos de la policía en patrulla se volvió esencial en la captura de un individuo en actitud sospechosa en calle Simón del Pino. Mientras realizaban su recorrido habitual, los agentes avistaron a un sujeto transportando una moto de tiro.

La rápida acción policial provocó que el sospechoso abandonara la moto al notar la presencia del vehículo policial, emprendiendo una huida a pie hacia Camino de los Gauchos. Sin embargo, su intento de escape lo llevó a ingresar en el predio de una vivienda cercana.

La colaboración del propietario de la casa fue fundamental para facilitar la labor policial. Autorizó el ingreso de los efectivos, quienes encontraron al individuo oculto en la parte trasera de la vivienda. El sospechoso fue identificado como L.D.R.A., un individuo de 31 años con antecedentes.

El vehículo que había sido incautado, en este caso una moto, presentaba inconsistencias en sus numeraciones y matrícula. Hasta el momento, no se había emitido ninguna requisitoria para el mismo.

La Fiscalía de Turno fue informada de los acontecimientos y tomó medidas para la investigación correspondiente, así como para llevar al indagado ante su despacho. Luego de las instancias legales en el Juzgado Penal de 4° Turno, se formalizó al imputado L.D.R.A. por un presunto delito de violación de domicilio especialmente agravado.

Como medida cautelar, el juez dispuso su prisión preventiva por un período de sesenta (60) días. Es importante señalar que esta medida tendrá un cese automático a menos que se disponga lo contrario en el futuro.

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Condenan a delincuente multireincidente

En un incidente que tuvo lugar el domingo 6, un individuo perpetró un hurto en un minimercado ubicado en la calle Manuel Melendez. Afortunadamente, la rápida acción de un oficial de policía en horas francas dentro del establecimiento logró frustrar su intento de fuga, recuperando la botella de whisky sustraída.

El sospechoso fue identificado como Franco Valentín Scrollini Lafuente, de 23 años y con antecedentes delictivos. Un equipo policial que patrullaba la zona llegó al lugar para asegurar su detención. El propietario del minimercado presentó las imágenes de las cámaras de vigilancia que registraron el acto de hurto y presentó la denuncia correspondiente en la Seccional Sexta.

La Fiscalía de Turno tomó conocimiento del caso y dispuso que Scrollini fuera llevado a comparecer ante el despacho al día siguiente. Durante esta instancia, el individuo también fue vinculado a otros delitos cometidos en diferentes momentos:

– Un hurto registrado el 16/02/23 en un comercio del barrio Villa Delia, donde se llevaron 3 fundas de cervezas.
– Otro hurto realizado el 20/02/23 en una vivienda del barrio San Antonio, donde se sustrajo una consola de videojuegos y sus juegos. Scrollini fue identificado gracias al análisis de cámaras de vigilancia y testimonios vecinales.
– El 08/03/23, un caso de hurto de un casco de motocicleta ocurrió en el estacionamiento de un supermercado en Avda. Batlle y Ordoñez. Las cámaras de vigilancia del local captaron al ahora imputado cometiendo el delito.

La causa llegó al Juzgado Penal de 4° Turno, que finalmente emitió una condena ejemplar contra Franco Valentín Scrollini Lafuente. El individuo fue considerado penalmente responsable por delitos como atentado agravado, lesiones personales, daño agravado y múltiples casos de hurto, algunos de ellos especialmente agravados. La pena dictaminada fue de veinticuatro (24) meses de prisión.

No obstante, esta sentencia será sustituida por un régimen de libertad a prueba por un plazo igual. Durante los primeros dos (2) meses, cumplirá arresto domiciliario total. Los siguientes seis (6) meses serán de arresto domiciliario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas. Scrollini deberá acatar estrictamente las obligaciones impuestas durante todo el período, que incluyen residir en una dirección específica, someterse a la orientación y vigilancia de la OSLA, presentarse semanalmente en la Seccional Policial más cercana, y cumplir con dos horas de servicios comunitarios una vez por semana, durante un máximo de 10 meses.

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