Fiscalía

Denuncia en Fiscalía: Frente Amplio exige investigar presuntas irregularidades en la Junta de Maldonado

La denuncia penal fue presentada tras las acusaciones de un periodista sobre presuntas irregularidades durante la presidencia de José Luis Sánchez.

Este jueves 20 de marzo, el Frente Amplio de Maldonado formalizó una denuncia penal en la Fiscalía Departamental, con el objetivo de que se investiguen posibles irregularidades en la Junta Departamental de Maldonado. La acción judicial fue llevada adelante por el coordinador de bancada, edil Sergio Duclosson, la presidenta del Frente Amplio en Maldonado, Silvana Amoroso, y el edil y abogado Leonardo Pereira.

La denuncia se basa en información divulgada en la prensa por el periodista Mónica, quien señaló presuntas irregularidades vinculadas al edil José Luis Sánchez durante su período como presidente del cuerpo legislativo.

Fundamentos de la denuncia
En su declaración ante la Fiscalía, Sergio Duclosson explicó que la denuncia surge a partir de una investigación periodística. “Nuestro deber es analizar la seriedad de la denuncia y buscar dentro del ámbito de la Junta Departamental las pruebas que el periodista presentó”, afirmó.

Según el edil, el Frente Amplio solicitó la creación de una comisión investigadora amplia, pero la propuesta fue rechazada por los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado. En su lugar, se aprobó una investigadora de alcance limitado, impulsada por el propio edil denunciado.

“No podemos ser omisos ante una denuncia de esta magnitud. Nosotros no estamos acusando a nadie en particular, sino que buscamos esclarecer los hechos que fueron denunciados”, sostuvo Duclosson. Además, señaló que se les negó acceso a documentos clave bajo el argumento de que se encuentran en una carpeta reservada dentro de la comisión investigadora.

«Queremos que se investigue todo»
Por su parte, la presidenta del Frente Amplio en Maldonado, Silvana Amoroso, explicó que la decisión de acudir a la Justicia fue tomada por la Mesa Política del partido, luego de analizar los hechos denunciados.

“Estamos hablando de una denuncia muy grave que afecta a una institución del Estado. En la información presentada por el periodista se mencionan nombres de ex presidentes de la Junta Departamental en esta administración. La investigadora aprobada no abarca todos los hechos señalados, por lo que consideramos que la Fiscalía debe intervenir para esclarecer absolutamente todo”, sostuvo Amoroso.

Asimismo, destacó que la denuncia se basa en pruebas documentales y audiovisuales que forman parte de la investigación periodística. “No podemos permitir que esto quede en la nada. La transparencia y el correcto funcionamiento de la Junta Departamental están en juego”, concluyó.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.

Audiencia por daños a La Mano: buscan sentar precedente en defensa del patrimonio

La Intendencia de Maldonado (IDM) espera que el caso de vandalismo al emblemático monumento a La Mano, ocurrido en Punta del Este el pasado 16 de enero, sirva para generar conciencia sobre la importancia del respeto al patrimonio y logre el resarcimiento económico por parte de la responsable.

La directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, confirmó que la audiencia originalmente fijada no pudo concretarse la semana pasada debido a la ausencia de la Fiscalía, pero ahora tendrá lugar este jueves. El caso ha avanzado a la órbita judicial por tratarse de un daño económico, patrimonial y de imagen para uno de los principales destinos turísticos de Uruguay.

Graziuso enfatizó que el daño no solo es material, sino que afecta a toda la comunidad. “La Mano es un monumento insignia del departamento que debe ser respetado, conservado y admirado”, afirmó. Además, expresó que la IDM busca no solo la aplicación de una pena por la falta, sino también el reintegro de los 170 mil pesos uruguayos estimados para la restauración del monumento.

El Municipio de Punta del Este ya cuenta con un presupuesto para las obras de recuperación, pero las autoridades aguardan la resolución de la Fiscalía y el Juzgado de Paz en la instancia penal. De no existir una reparación voluntaria por parte de la responsable, el proceso avanzará a un juicio civil.

El delito se encuentra previsto en el artículo 367 del Código Penal, que sanciona el deterioro y vandalismo de monumentos en espacios públicos. Cabe recordar que los grafitis realizados en todos los dedos de la icónica escultura fueron atribuidos a una mujer uruguaya de 30 años, quien fue conducida a la Prefectura y citada al Juzgado Departamental de Maldonado.

ADN confirma que cuerpo encontrado en Punta del Este es de Franco Toro; ya ordenaron la entrega a su familia

Una semana después de hallar un cuerpo que coincidía con las características físicas de Franco Toro, el argentino desaparecido en la madrugada del 1.º de enero, el Instituto Técnico Forense (ITF) confirmó su identidad mediante análisis de ADN. La Fiscalía ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares.

El hallazgo se produjo el domingo 5 de enero, luego de una intensa búsqueda en las aguas de Punta del Este. Aunque las hipótesis apuntaban desde el principio a que se trataba de Toro, las condiciones en que se encontraba el cuerpo no permitían una identificación inmediata. “Las características coincidían”, había declarado el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas, mientras se esperaba la confirmación oficial.

La fiscal Jessica Pereira solicitó la pericia genética al ITF, que finalmente confirmó la identidad. Tras recibir la noticia, allegados de Toro expresaron su gratitud por la solidaridad de la comunidad, que organizó una colecta para ayudar a la familia con los gastos de traslado, trámites y sepelio. “La familia de Franco agradece la inmensa generosidad de todos. Con lo recaudado podrán cubrir los costos pendientes”, escribieron los organizadores de la campaña en redes sociales.

Desaparición y búsqueda

El 1.º de enero de 2025, alrededor de las 6 de la mañana, dos amigas de Franco decidieron bañarse en Playa del Emir, un área entre la zona autorizada y una prohibida para nadar. Poco después, las jóvenes pidieron ayuda, ya que la corriente las arrastró a una zona rocosa y peligrosa.

Franco Toro y otro hombre se lanzaron al agua para socorrerlas. Testigos solicitaron apoyo mientras uno de ellos lograba rescatar a dos personas. La Prefectura rescató a una tercera persona, pero Franco desapareció en el mar.

El domingo 5 de enero, el guardavidas Diego González divisó el cuerpo a casi un kilómetro de la orilla, desde una moto de agua en la parada 3 de la Playa Brava.

Toro, oriundo de Bahía Blanca, Argentina, había llegado a Uruguay pocos días antes para trabajar durante la temporada de verano. La tragedia ha conmocionado a ambas orillas del Río de la Plata, donde amigos y familiares recuerdan su valentía y solidaridad.

Imputado por choque en ruta 104 no podrá viajar a Argentina por las fiestas

La jueza Silvana García y el fiscal Sebastián Robles negaron este martes la solicitud del conductor argentino Nicolás Rocca, imputado por el siniestro vial en Manantiales que dejó dos jóvenes modelos argentinas fallecidas en enero de 2023, para viajar a Buenos Aires del 23 de diciembre al 3 de enero de 2025.

Rocca había solicitado permiso para salir de Uruguay argumentando “razones humanitarias”. Según sus abogados, Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, el viaje tenía como fin conocer a tres hermanos adoptados recientemente por su padre, quienes no pueden cruzar las fronteras argentinas debido a restricciones legales.

Tras analizar el pedido, la jueza García y el fiscal Robles determinaron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para garantizar el regreso de Rocca al país. Esto debido a que los tratados internacionales en los que Uruguay participa no incluyen acuerdos que aseguren la extradición de imputados bajo medidas restrictivas de libertad.

Además, la defensa había solicitado el levantamiento de la prisión domiciliaria total, medida que también fue rechazada por la Justicia. Rocca deberá continuar cumpliendo la restricción en territorio uruguayo mientras avanza el proceso judicial.

El caso: tragedia en la ruta 104

El accidente ocurrió el 4 de enero de 2023, cuando Rocca conducía su camioneta por la ruta 104 tras haber asistido a una fiesta nocturna. Según la Fiscalía, el joven manejaba bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, a una velocidad mayor a la permitida, e invadió la senda contraria. El impacto frontal contra otro vehículo dejó como saldo la muerte de Josefina Ferrero (27) y Micaela Trinidad (26), además de varios heridos, entre ellos, amigos del imputado que viajaban con él.

Rocca fue imputado por homicidio culpable calificado, y la Fiscalía, a cargo del doctor Robles, solicita una condena de ocho años de prisión. Los abogados de las familias de las víctimas, Emiliano Chimuris y Joaquín Abal, han insistido en que el caso debe mantenerse dentro del marco legal para evitar cualquier posibilidad de fuga del acusado.

El rechazo del pedido de Rocca ha sido recibido con alivio por las familias de las víctimas, quienes temían que la salida del imputado dificultara el proceso judicial. Este caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos de sustancias y de la importancia de que la justicia actúe con firmeza para garantizar que las víctimas obtengan reparación.

Rocca permanece bajo prisión domiciliaria total mientras se desarrollan las audiencias previas al juicio oral.

Uruguay frente al espejo: ¿Estamos ganando la lucha contra la corrupción?

En un contexto político marcado por escándalos de alto perfil y cuestionamientos a la transparencia institucional, Uruguay enfrenta importantes desafíos para consolidar su gobernabilidad democrática y fortalecer sus políticas anticorrupción. Así lo revela el último informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), que analiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en las Cumbres de las Américas de Lima (2018) y Los Ángeles (2022).

A pesar de ciertos avances en áreas como la digitalización gubernamental, los resultados generales reflejan serias carencias en la implementación de políticas que garanticen transparencia, participación ciudadana y protección a denunciantes, pilares fundamentales para combatir la corrupción de manera efectiva.

1.Falta de perspectiva inclusiva

El informe señala la ausencia de un enfoque de género e interseccionalidad en las políticas anticorrupción, dejando desprotegidos a sectores vulnerables como mujeres, comunidades LGBTIQA+, pueblos originarios y personas con discapacidad. Esto pone en evidencia la falta de iniciativas para reconocer y abordar los impactos diferenciados de la corrupción en estas poblaciones.

2. Casos emblemáticos de corrupción

El período reciente estuvo marcado por dos grandes escándalos que sacudieron la confianza ciudadana. El primero, relacionado con Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial, involucró actividades ilícitas como espionaje y tráfico de influencias. El segundo, vinculado al narcotraficante Sebastián Marset, evidenció fallas graves en la entrega de pasaportes y terminó con la renuncia de altos funcionarios.

Ambos casos reflejan cómo la debilidad institucional permite la repetición de conductas corruptas sin consecuencias claras.

3. Órganos de control debilitados

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y la Fiscalía de la Nación son señaladas por su limitada autonomía financiera y operativa. A pesar de ser los principales organismos encargados de combatir la corrupción, carecen de recursos suficientes para cumplir sus funciones.

Por otro lado, la reciente Ley de Financiamiento Político representa un avance para regular los fondos de los partidos y campañas electorales, aunque todavía enfrenta desafíos para garantizar su implementación efectiva.

4. Compras públicas sin cláusulas anticorrupción

La falta de normativas específicas para evitar irregularidades en contrataciones públicas sigue siendo una deuda pendiente. Aunque se han adoptado decisiones aisladas en casos sensibles, como el escándalo Astesiano, no existe una política clara que promueva la transparencia en este ámbito.

A pesar de las críticas, Uruguay mantiene ciertos avances significativos. El país ha logrado posicionarse como referente regional en digitalización gracias a su Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y datos abiertos, liderada por AGESIC. Además, su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto ha permitido cocrear cinco planes de acción nacional, impulsando la transparencia y la participación ciudadana en línea.

También se destacan esfuerzos en la implementación de herramientas como portales de transparencia y simplificación de trámites digitales, que promueven la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

El próximo gobierno: un llamado urgente
El OCC insta al gobierno entrante, que asumirá en marzo de 2025, a priorizar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Entre las recomendaciones clave destacan:

  • Fortalecer los órganos de control, dotándolos de recursos y autonomía.
  • Crear espacios de diálogo multiactor con la sociedad civil, academia y sector privado.
  • Incorporar un enfoque inclusivo que considere a las poblaciones vulnerables.
  • Implementar políticas claras para proteger a los denunciantes y garantizar justicia en los casos de corrupción.

Uruguay enfrenta un momento clave para redefinir su estrategia anticorrupción. La transparencia y la rendición de cuentas no solo son necesarias para combatir los delitos, sino también para reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones. Si bien los avances en digitalización y acceso a la información son significativos, es urgente abordar las debilidades estructurales que perpetúan la impunidad y debilitan la democracia.

Falsificación masiva de fichas médicas y carnés de salud en fútbol uruguayo: Fiscalía investiga

Un laboratorio de análisis clínicos ha denunciado ante la Fiscalía la existencia de fichas médicas y carnés de salud falsificados en el fútbol uruguayo, revelando un entramado que afecta a cerca de 100 jugadores. La situación fue descubierta tras la muerte del futbolista Juan Izquierdo, y desde entonces la Secretaría Nacional de Deportes ha comenzado a realizar controles aleatorios que han destapado una problemática de alto riesgo sanitario y competitivo.

Según información a la que accedió el periodista Eduardo Preve, se han detectado alrededor de 40 fichas y carnés falsos entre jugadores de clubes pertenecientes tanto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como a la Organización del Fútbol del Interior (OFI), específicamente en Montevideo, Colonia y Paysandú. Existen otros 60 casos en proceso de verificación. Además de los documentos deportivos, también se han hallado certificados apócrifos para empresas transportistas, lo que amplía la gravedad del caso.

Detalles de la investigación

Los falsificadores replicaron las fichas en plástico, imitando los logos y formatos oficiales, aunque la diferencia en los códigos QR permitió detectar la anomalía. Sorprendentemente, se ha documentado el caso de un jugador que ha competido desde 2016 con una ficha médica fraudulenta, sin realizar los controles médicos obligatorios en los últimos ocho años.

La denuncia no sólo provino del laboratorio, sino también de un médico cuya firma fue utilizada sin consentimiento en varias de las fichas adulteradas. Según la denuncia, la Secretaría Nacional de Deportes debería ser responsable del control de estos documentos, y su falta de intervención ha generado cuestionamientos sobre el sistema de monitoreo sanitario de los jugadores en Uruguay.

En Paysandú, se encontraron hasta 17 fichas médicas falsificadas en un solo club, lo cual ha suspendido temporalmente la competencia en esa zona. Las autoridades ya han asignado un fiscal al caso, y se espera que las investigaciones revelen el alcance completo de este sistema de falsificación.

Laboratorio denuncia falsificación de fichas médicas y carné de salud en el fútbol uruguayo

Un laboratorio en Uruguay presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por la falsificación de fichas médicas y carné de salud de futbolistas, un problema que afecta tanto a jugadores de Primera División como a deportistas de categorías menores. Según fuentes manejadas por el periodista Eduardo Preve, la situación quedó en evidencia tras la trágica muerte de Juan Izquierdo, aunque su documentación estaba en regla. Sin embargo, este hecho impulsó una investigación que hasta el momento ha detectado aproximadamente 100 documentos falsificados.

La Policía Nacional ya ha identificado 40 fichas y carnés falsos vinculados a jugadores de clubes afiliados a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a la Organización del Fútbol del Interior (OFI), en departamentos como Montevideo, Paysandú y Colonia. Existen otros 60 casos en estudio, según fuentes policiales, en los que se ha encontrado una clonación de fichas, utilizando impresiones en plástico y con el logo del laboratorio.

El impacto de esta falsificación no solo afecta la integridad de la competencia deportiva, sino que además compromete la salud de los jugadores, quienes podrían no cumplir con los controles médicos requeridos para practicar el deporte. El médico cuyo nombre y firma aparecen en los documentos apócrifos también presentó una denuncia penal, luego de que los falsificadores utilizaran su identidad sin consentimiento.

La Fiscalía, a través de la Dirección de Policía Científica, ha recibido la denuncia y está en proceso de asignar a un fiscal encargado de investigar el caso.

Inspeccionan residencia de abogados fallecidos en Maldonado tras nuevas sospechas de homicidio

En un giro inesperado, la investigación sobre las muertes de los abogados Ana Mercedes Nieto y Mario Cabrera ha pasado a una fiscalía de Homicidios, a cargo del fiscal Sebastián Robles. La pareja fue hallada calcinada el 15 de junio en su residencia de descanso en Sierras de Garzón. Hasta el momento, se manejan dos versiones sobre su fallecimiento, ambas en evaluación.

Según el informe policial inicial, se presume que el accidente pudo originarse al intentar encender la estufa con algún líquido inflamable, lo cual habría alcanzado sus ropas, impidiendo su escape. Los cuerpos de Nieto y Cabrera fueron hallados cerca de la estufa, y los peritos encontraron brasas, lo que sustentaría la teoría de una tragedia accidental.

Sin embargo, familiares y allegados de las víctimas han señalado inconsistencias en esta versión. Un perito privado, exdirector de Bomberos y contratado por una de las familias, sostiene que no hubo fuego en la estufa, descartando la hipótesis accidental. Además, enfatizan que la pareja planeaba actividades sociales ese día y la necesidad de encender una estufa, dada la temperatura, resulta dudosa.

Por otra parte, se descubrió un tanque de combustible cercano a un galpón en la propiedad, aunque este contenía gasoil antiguo o disolvente, elementos que no son fácilmente inflamables. La demora inicial en la investigación, que se extendió por tres meses, podría haber significado una pérdida de pruebas valiosas.

En días recientes, la fiscalía realizó un allanamiento en la casa de la pareja en la ciudad de Maldonado, buscando huellas o elementos que aporten claridad. La fiscalía de Homicidios sigue investigando el caso para determinar si las muertes de Nieto y Cabrera fueron resultado de un accidente o de un acto intencional.

Denuncias falsas: el terremoto político desatado por el programa Santo y Seña

La fiscal general Mónica Ferrero generó un revuelo en el ámbito político al solicitar una copia del programa Santo y Seña, emitido el pasado 5 de mayo. Esta solicitud tiene como fin poner a disposición de las fiscales encargadas de investigar las denuncias contra el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi y el exsenador nacionalista Gustavo Penadés.

El detonante de esta acción judicial fue una serie de testimonios divulgados en el programa conducido por Ignacio Álvarez. Uno de los momentos más impactantes fue la confesión de Paula Díaz, la mujer trans que en marzo había denunciado a Orsi por una presunta agresión sexual ocurrida hace una década. En un giro inesperado, Díaz admitió que la acusación era falsa y señaló a la militante nacionalista Romina Celeste Papasso como instigadora de la denuncia falsa.

El respaldo a estas afirmaciones llegó de la mano de pruebas contundentes: mensajes de texto y audios entre Díaz y Papasso fueron divulgados durante el programa, revelando la trama urdida para «destrozar» la imagen de Orsi. En uno de los mensajes, Papasso instruía a Díaz a fabricar una historia, indicando que mientras más grave fuera, mejor.

Ante las preguntas sobre su cambio de postura, Díaz explicó que decidió dar la cara al darse cuenta de la injusticia de sus acciones. Afirmó que su motivación no fue económica, sino que se dejó influenciar por motivos que aún no comprende del todo.

El panorama se complicó aún más con la revelación de un audio en el que Papasso admite la falsedad de la denuncia contra Orsi. En este mensaje, Papasso intenta justificar sus acciones aludiendo a la búsqueda de fama y dinero por parte de Díaz.

La reacción del Frente Amplio no se hizo esperar, respaldando a Orsi y demandando una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de esta campaña de desprestigio. Sin embargo, Orsi prefirió esperar a que la justicia esclarezca los hechos antes de sacar conclusiones.

El escándalo no se limitó a Orsi; Díaz también acusó a Papasso de inventar las acusaciones contra el exsenador Penadés. Según Díaz, Papasso habría tramado esta estrategia para obtener reconocimiento político luego de sentirse abandonada por su partido tras un incidente frente a la Intendencia de Montevideo.

La situación llevó a Papasso a tomar una drástica decisión: renunciar al Partido Nacional en un intento por mitigar el daño causado por sus acciones.

Violencia en el fútbol: Tras incidentes entre Defensor y River Plate, ¿que acciones se han tomado en casos similares?

Los recientes incidentes ocurridos en el Estadio Luis Franzini, luego del partido entre Defensor Sporting y River Plate, han suscitado la intervención de la Fiscalía, que se encargará de investigar lo ocurrido. Sin embargo, esta no es la primera vez que la Fiscalía interviene en casos de violencia en espectáculos deportivos públicos.

En diciembre de 2021, el fiscal de Flagrancia de 9° turno, Fernando Romano, actuó de oficio y citó a declarar al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, al plantel del club, el director técnico Mauricio Larriera, y otros involucrados, debido a cánticos ofensivos difundidos en videos. Similarmente, dirigentes de Nacional también fueron citados por cánticos ofensivos contra su rival.

En marzo de 2022, tras un incidente entre jugadores de Wanderers y Nacional, la Fiscalía citó a declarar a jugadores de ambos equipos. Este episodio se desencadenó luego de que un jugador de Wanderers celebrara un gol de manera provocativa, desatando una pelea en el campo de juego.

En el clásico del Apertura 2023, jugado en el Campeón del Siglo, hubo una pelea entre futbolistas al finalizar el partido, lo que llevó a la Fiscalía a citar a declarar a varios jugadores. Posteriormente, la Fiscalía solicitó a la Asociación Uruguaya de Fútbol que incluyera a los futbolistas involucrados en la lista de impedidos de ingreso a espectáculos deportivos.

En enero de 2023, se registraron incidentes en el Parque Artigas de Las Piedras, cuando ascendió Rampla Juniors, lo que desencadenó una batalla campal con jugadores de Juventud. La Fiscalía intervino en este caso y emitió sanciones, lo que generó malestar entre los futbolistas de Juventud.

Estos casos recientes evidencian la gravedad de la violencia en el fútbol y la necesidad de tomar medidas para prevenirla y sancionarla. La actuación de la Fiscalía busca garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos y promover un ambiente de respeto y convivencia en el fútbol uruguayo.