Suprema Corte de Justicia

Audiencia por daños a La Mano: buscan sentar precedente en defensa del patrimonio

La Intendencia de Maldonado (IDM) espera que el caso de vandalismo al emblemático monumento a La Mano, ocurrido en Punta del Este el pasado 16 de enero, sirva para generar conciencia sobre la importancia del respeto al patrimonio y logre el resarcimiento económico por parte de la responsable.

La directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, confirmó que la audiencia originalmente fijada no pudo concretarse la semana pasada debido a la ausencia de la Fiscalía, pero ahora tendrá lugar este jueves. El caso ha avanzado a la órbita judicial por tratarse de un daño económico, patrimonial y de imagen para uno de los principales destinos turísticos de Uruguay.

Graziuso enfatizó que el daño no solo es material, sino que afecta a toda la comunidad. “La Mano es un monumento insignia del departamento que debe ser respetado, conservado y admirado”, afirmó. Además, expresó que la IDM busca no solo la aplicación de una pena por la falta, sino también el reintegro de los 170 mil pesos uruguayos estimados para la restauración del monumento.

El Municipio de Punta del Este ya cuenta con un presupuesto para las obras de recuperación, pero las autoridades aguardan la resolución de la Fiscalía y el Juzgado de Paz en la instancia penal. De no existir una reparación voluntaria por parte de la responsable, el proceso avanzará a un juicio civil.

El delito se encuentra previsto en el artículo 367 del Código Penal, que sanciona el deterioro y vandalismo de monumentos en espacios públicos. Cabe recordar que los grafitis realizados en todos los dedos de la icónica escultura fueron atribuidos a una mujer uruguaya de 30 años, quien fue conducida a la Prefectura y citada al Juzgado Departamental de Maldonado.

Imputado por choque en ruta 104 no podrá viajar a Argentina por las fiestas

La jueza Silvana García y el fiscal Sebastián Robles negaron este martes la solicitud del conductor argentino Nicolás Rocca, imputado por el siniestro vial en Manantiales que dejó dos jóvenes modelos argentinas fallecidas en enero de 2023, para viajar a Buenos Aires del 23 de diciembre al 3 de enero de 2025.

Rocca había solicitado permiso para salir de Uruguay argumentando “razones humanitarias”. Según sus abogados, Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, el viaje tenía como fin conocer a tres hermanos adoptados recientemente por su padre, quienes no pueden cruzar las fronteras argentinas debido a restricciones legales.

Tras analizar el pedido, la jueza García y el fiscal Robles determinaron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para garantizar el regreso de Rocca al país. Esto debido a que los tratados internacionales en los que Uruguay participa no incluyen acuerdos que aseguren la extradición de imputados bajo medidas restrictivas de libertad.

Además, la defensa había solicitado el levantamiento de la prisión domiciliaria total, medida que también fue rechazada por la Justicia. Rocca deberá continuar cumpliendo la restricción en territorio uruguayo mientras avanza el proceso judicial.

El caso: tragedia en la ruta 104

El accidente ocurrió el 4 de enero de 2023, cuando Rocca conducía su camioneta por la ruta 104 tras haber asistido a una fiesta nocturna. Según la Fiscalía, el joven manejaba bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, a una velocidad mayor a la permitida, e invadió la senda contraria. El impacto frontal contra otro vehículo dejó como saldo la muerte de Josefina Ferrero (27) y Micaela Trinidad (26), además de varios heridos, entre ellos, amigos del imputado que viajaban con él.

Rocca fue imputado por homicidio culpable calificado, y la Fiscalía, a cargo del doctor Robles, solicita una condena de ocho años de prisión. Los abogados de las familias de las víctimas, Emiliano Chimuris y Joaquín Abal, han insistido en que el caso debe mantenerse dentro del marco legal para evitar cualquier posibilidad de fuga del acusado.

El rechazo del pedido de Rocca ha sido recibido con alivio por las familias de las víctimas, quienes temían que la salida del imputado dificultara el proceso judicial. Este caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos de sustancias y de la importancia de que la justicia actúe con firmeza para garantizar que las víctimas obtengan reparación.

Rocca permanece bajo prisión domiciliaria total mientras se desarrollan las audiencias previas al juicio oral.

Condenan a 19 años y 6 meses de prisión al asesino de Lucas Barletta

El martes pasado, el juez Sebastián Amor emitió la sentencia por el trágico asesinato del joven Lucas Barletta, perpetrado en el año 2022. En su fallo, Amor destacó la «crueldad, frialdad y peligrosidad» del asesino, quien, tras cometer el crimen, prosiguió con su vida cotidiana «como si nada», incluso conviviendo con el cuerpo sin vida de Barletta durante cinco días en su residencia. Además, proporcionó información falsa a los familiares del fallecido mientras estos lo buscaban con desesperación.

La única disputa planteada por la defensa del acusado, representada por la abogada Mercedes de la Fuente, se centró en la inexistencia de una relación sentimental o afectiva entre los involucrados. Sin embargo, durante el juicio, esta afirmación fue «confirmada», no solo por testimonios de testigos, entre ellos familiares y amigos de la víctima, sino también por la hermana del acusado, quien declaró tener conocimiento de dicho vínculo.

La existencia de esta relación sentimental agrava el delito de homicidio, aunque se considera como atenuantes el hecho de que el acusado, Lautaro Ezequiel Silva Trabaglia, confesara el crimen y de que no tenga antecedentes penales previos. La condena, por lo tanto, toma en consideración tanto el agravante como los atenuantes mencionados.

Silva Trabaglia fue sentenciado como autor penalmente responsable de un homicidio especialmente agravado, recibiendo una pena de 19 años y 6 meses de prisión.

En la sala de audiencias, el asesino de Barletta ingresó con calma, saludando con un «buenas tardes», mientras que los padres del joven fallecido, junto con otros familiares y amigos, observaban la instancia judicial.

Al concluir el juicio, los allegados de Barletta aguardaron en el vestíbulo del Centro de Justicia de Maldonado la salida del condenado. Este, al enfrentarse a ellos, les dirigió una sonrisa y unas palabras que no pudieron ser discernidas claramente, mientras los oficiales de policía intervenían para evitar cualquier altercado mayor.

El caso de Lucas Barletta: el asesino convivió 5 días con el cadáver y se comunicaba con la familia

El homicida, de 22 años de edad, atacó al joven utilizando un fragmento de espejo y posteriormente le propinó golpes en la cabeza con la base de un ventilador.

La Justicia ha emitido una sentencia en contra del asesino del joven Lucas Barletta, de 27 años y oriundo de Durazno, cuyo cuerpo fue encontrado en Maldonado. El autor del crimen es otro joven de 22 años, quien mantenía una relación de índole amorosa y sexual con la víctima.

La sentencia estipula que el homicida cumplirá una condena de 19 años y seis meses de prisión efectiva, siendo considerado autor penalmente responsable de un homicidio especialmente agravado.

El suceso tuvo lugar en el año 2022, y desde entonces, las autoridades han llevado a cabo diversas investigaciones para recopilar más pruebas. El juez del caso, Sebastián Amor, afirmó que tras cometer el crimen, el individuo de 22 años «mantuvo un estilo de vida normal».

Amor también detalló que el asesino «convivió con el cadáver de su pareja durante cinco días mientras este se descomponía en su hogar». Cuando los familiares de Barletta intentaban contactar con él, el acusado les enviaba mensajes con información falsa.

El magistrado enfatizó en que existen pruebas suficientes para demostrar que el asesino actuó con «crueldad, frialdad y peligrosidad». Respecto al crimen en sí, la Justicia pudo determinar que Barletta fue apuñalado inicialmente con un trozo de espejo y posteriormente recibió golpes en la cabeza con la base de un ventilador.

Violencia en el fútbol: Tras incidentes entre Defensor y River Plate, ¿que acciones se han tomado en casos similares?

Los recientes incidentes ocurridos en el Estadio Luis Franzini, luego del partido entre Defensor Sporting y River Plate, han suscitado la intervención de la Fiscalía, que se encargará de investigar lo ocurrido. Sin embargo, esta no es la primera vez que la Fiscalía interviene en casos de violencia en espectáculos deportivos públicos.

En diciembre de 2021, el fiscal de Flagrancia de 9° turno, Fernando Romano, actuó de oficio y citó a declarar al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, al plantel del club, el director técnico Mauricio Larriera, y otros involucrados, debido a cánticos ofensivos difundidos en videos. Similarmente, dirigentes de Nacional también fueron citados por cánticos ofensivos contra su rival.

En marzo de 2022, tras un incidente entre jugadores de Wanderers y Nacional, la Fiscalía citó a declarar a jugadores de ambos equipos. Este episodio se desencadenó luego de que un jugador de Wanderers celebrara un gol de manera provocativa, desatando una pelea en el campo de juego.

En el clásico del Apertura 2023, jugado en el Campeón del Siglo, hubo una pelea entre futbolistas al finalizar el partido, lo que llevó a la Fiscalía a citar a declarar a varios jugadores. Posteriormente, la Fiscalía solicitó a la Asociación Uruguaya de Fútbol que incluyera a los futbolistas involucrados en la lista de impedidos de ingreso a espectáculos deportivos.

En enero de 2023, se registraron incidentes en el Parque Artigas de Las Piedras, cuando ascendió Rampla Juniors, lo que desencadenó una batalla campal con jugadores de Juventud. La Fiscalía intervino en este caso y emitió sanciones, lo que generó malestar entre los futbolistas de Juventud.

Estos casos recientes evidencian la gravedad de la violencia en el fútbol y la necesidad de tomar medidas para prevenirla y sancionarla. La actuación de la Fiscalía busca garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos y promover un ambiente de respeto y convivencia en el fútbol uruguayo.

Nace una esperaza: Exhortan a coordinar asignaciones presupuestales para mantener los Juzgados Letrados de San Carlos.

En una sesión matutina este miércoles 13 de diciembre, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración del Parlamento Nacional recibió a representantes clave en el ámbito judicial y de la sociedad civil. El encuentro contó con la participación del Colegio de Abogados de Maldonado, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y la Red Social de San Carlos. Los diputados del departamento de Maldonado que no forman parte de esta comisión también fueron invitados, permitiéndoles participar activamente en el intercambio y el diálogo sobre los temas planteados.

Uno de los resultados más significativos de esta reunión fue la decisión de ingresar una minuta con un Proyecto de Resolución al Parlamento Nacional. Esta iniciativa, impulsada por el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, exhorta a la Suprema Corte de Justicia a coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas las asignaciones presupuestales específicas para los Juzgados Multimateria de San Carlos.

La votación de esta resolución en la sesión parlamentaria refleja un consenso entre los miembros de la comisión y el apoyo de diversos legisladores, marcando un paso significativo hacia el fortalecimiento de la administración de justicia en la región.

La diputada suplente del Frente Amplio de Maldonado, Karina Gómez, desempeñó un papel destacado tanto en la comisión como en la sala, aportando perspectivas y apoyando la iniciativa que busca mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema judicial en San Carlos.

La necesidad de asignaciones presupuestales específicas para los Juzgados Multimateria en San Carlos se presenta como un punto clave en la agenda legislativa, enfocándose en mejorar la infraestructura y los recursos disponibles para garantizar una administración de justicia más ágil y eficaz.

Este paso legislativo demuestra el compromiso de los representantes parlamentarios con la mejora del sistema judicial y refleja la colaboración efectiva entre diferentes actores, incluyendo el Colegio de Abogados de Maldonado y la Red Social de San Carlos. La coordinación entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas se espera que resulte en un impacto positivo en la capacidad de los Juzgados Multimateria para abordar de manera efectiva los casos en la región de San Carlos.

El Diputado del Frente Amplio por Maldonado, Eduardo Antonini, se expresó en su red social «X» a la instancia ocurrida hoy en el parlamento.

Por su parte, el Diputado nacionalista, Federico Cassaretto, también se pronunció sobre esta situacion.

“Es una verguenza”: Antía molesto con la Justicia por instancias sobre Punta Colorada

En un nuevo capítulo de la disputa sobre la demolición de viviendas en la faja costera de Punta Colorada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) emitió su último fallo, respaldando la decisión de demoler las construcciones. Este dictamen coincide con las afirmaciones de la Procuradora de Estado Adjunta y rechaza la solicitud de suspender la ejecución de la demolición presentada por aquellos que reclaman la propiedad de las casas.

El TCA argumenta que la suspensión procede solo si la parte actora puede demostrar daños graves, y en este caso, no se pudo acreditar la existencia de tales daños. Además, destaca que las viviendas son de uso temporal, ya que los propietarios tienen sus domicilios en Montevideo y Punta del Este, y no se ha probado el valor histórico de las construcciones.

La Procuradora subraya que la tutela de la Administración se centra en la protección del medio ambiente, priorizando el interés general sobre los intereses particulares. La sentencia del TCA reafirma la autorización para la demolición, dejando claro que no se suspende el acto administrativo impugnado.

Este fallo se suma a seis resoluciones judiciales anteriores que también respaldaron la idea de que los predios son de dominio público. El intendente Enrique Antía, al enfrentar preguntas sobre la situación, expresó su frustración por una denuncia penal en curso, insistiendo en que actúa dentro de la ley y sus mandatos como intendente.

La autorización para la demolición persiste a pesar de las apelaciones, y las maquinarias aguardan órdenes para continuar con la obra, que involucra la reubicación de instalaciones y la paralización de proyectos en curso. La incertidumbre sobre el papel del sistema penal enreda aún más la situación, pero el intendente reafirma su compromiso de actuar dentro del marco legal. La disputa, con siete resoluciones a favor de la intendencia, plantea preguntas sobre posibles precedentes y la complejidad de trabajar con el sistema judicial.

El abogado defensor de Antía, el Dr. Jorge Barrera dijo que, tras 6 fallos del Tribunal de lo Contencioso Administración a favor de la Intendencia, le cuesta creer que pueda existir alguna connotación penal cuando no hay ninguna irregularidad administrativa

El abogado defensor de los denunciantes, el Dr. Pablo Donnangelo, dijo que se ha utilizado como caballito de batalla la existencia de fallos a favor de la intendencia que declara bien publico los terrenos que los denunciantes reclaman como suyos

Diputado Sebastián Cal: «Faltan Respuestas de la SCJ ante la intencion de suprimir los Juzgados Letrados en San Carlos»

En un nuevo episodio de la crisis que afecta a los letrados en San Carlos, el Diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto expresó su preocupación por la falta de respuestas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Cal afirmó que han pasado más de 15 días sin obtener una respuesta concreta y desmintió la versión de que el problema es puramente presupuestal.

El legislador destacó que la falta de respuestas no solo afecta a la población local, sino que también genera inquietud entre los diputados que han estado trabajando activamente para abordar la situación. Cal reveló que se reunieron con la Presidenta de la SCJ, quien les prometió anuncios importantes y les encomendó la tarea de buscar una solución para el Instituto Técnico Forense.

En un giro inesperado, Cal compartió un avance significativo logrado en colaboración con el director del hospital de San Carlos. Han encontrado una solución provisional para el Instituto Técnico Forense, liberando espacio en los edificios de la SCJ.

A pesar de estos esfuerzos y avances, Cal señaló que la respuesta concreta de la SCJ aún no se ha recibido. Tras reuniones y promesas de respuestas en plazos específicos, la ansiedad crece entre los involucrados, y la incertidumbre persiste.

El diputado cuestionó las versiones contradictorias sobre si el problema es técnico o presupuestal. Según Cal, el Ministerio de Economía informó que hay fondos disponibles que podrían abordar la situación, contradiciendo la idea de un problema presupuestal cuando hay un 14% de recursos sin utilizar.

Cal destacó la importancia de recibir respuestas técnicas y concretas de la SCJ, señalando que la situación no puede prolongarse indefinidamente. La falta de claridad y acción inmediata afecta tanto a la población como a los legisladores involucrados en la búsqueda de soluciones para esta problemática que persiste en San Carlos.

Optimismo en San Carlos: Reunión en la Suprema Corte de Justicia abre la puerta a la permanencia de los juzgados letrados

En una noche de marcada importancia para la comunidad de San Carlos, se llevó a cabo una reunión crucial en la lucha por la permanencia de los Juzgados Letrados en esta ciudad. La reunión, convocada por la Red Social San Carlos, reunió a una amplia gama de actores políticos y sociales que buscan evitar la supresión de estos juzgados.

La reunión, que originalmente estaba programada para el Salón Parroquial de la Iglesia «San Carlos Borromeo», se vio obligada a trasladarse a la propia iglesia debido a la abrumadora asistencia. El Padre Fray Mario Correa dio la bienvenida a los participantes, abriendo las puertas del templo para albergar la reunión.

Entre los asistentes se encontraban diputados de diversos partidos políticos, miembros del Municipio de San Carlos, representantes de diferentes instituciones de la ciudad, así como integrantes de agrupaciones de carácter social, miembros del Colegio de Abogados, profesionales del derecho locales, productores agropecuarios y la población en general.

En la primera parte de la reunión, tomaron la palabra representantes de la Red Social, destacando el discurso del Diputado Dr. Federico Casaretto, quien expresó su optimismo sobre la no supresión de los Juzgados Letrados de San Carlos. Casaretto representaba a diputados y senadores de diferentes partidos que se habían reunido previamente con la Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

El Diputado Eduardo Antonini, del Frente Amplio, también tuvo la oportunidad de expresar su perspectiva y presentar alternativas para evitar la supresión de los juzgados.

La reunión continuó con un intercambio de ideas y la exploración de posibles soluciones. Se anunció que el próximo martes a las 13 horas se llevará a cabo otra reunión con la Suprema Corte de Justicia, donde se espera recibir una respuesta a las preocupaciones planteadas por los diputados de Maldonado en la reunión anterior.

La resolución adoptada por la Red Social de San Carlos incluye los siguientes puntos:

  1. Recolección de Firmas: Se iniciará una campaña para recoger firmas en contra de la supresión de los Juzgados Letrados de San Carlos.
  2. Solicitud de Audiencia: Se solicitará una audiencia con la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia a la mayor brevedad posible.
  3. Presencia en Montevideo: Se planea una presencia activa en la ciudad de Montevideo el próximo martes, durante la reunión entre los miembros de la Corte y los diputados de Maldonado y el senador de este departamento.

La comunidad de San Carlos y sus defensores de los Juzgados Letrados están unidos en su empeño por mantener estos juzgados funcionando en beneficio de la población. El martes próximo, se espera una respuesta definitiva de la Suprema Corte de Justicia en una reunión que podría marcar el futuro de estos juzgados y su importancia para la comunidad.

El optimismo generado por la reunión en la Suprema Corte de Justicia refleja la firme determinación de la comunidad de San Carlos de luchar por lo que consideran una parte vital de su acceso a la justicia. La recolección de firmas, la búsqueda de audiencias y la presencia en Montevideo son solo el comienzo de un esfuerzo coordinado para preservar los Juzgados Letrados de San Carlos. La próxima semana, se revelará si este esfuerzo ha dado sus frutos.