“Es una verguenza”: Antía molesto con la Justicia por instancias sobre Punta Colorada
En un nuevo capítulo de la disputa sobre la demolición de viviendas en la faja costera de Punta Colorada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) emitió su último fallo, respaldando la decisión de demoler las construcciones. Este dictamen coincide con las afirmaciones de la Procuradora de Estado Adjunta y rechaza la solicitud de suspender la ejecución de la demolición presentada por aquellos que reclaman la propiedad de las casas.
El TCA argumenta que la suspensión procede solo si la parte actora puede demostrar daños graves, y en este caso, no se pudo acreditar la existencia de tales daños. Además, destaca que las viviendas son de uso temporal, ya que los propietarios tienen sus domicilios en Montevideo y Punta del Este, y no se ha probado el valor histórico de las construcciones.
La Procuradora subraya que la tutela de la Administración se centra en la protección del medio ambiente, priorizando el interés general sobre los intereses particulares. La sentencia del TCA reafirma la autorización para la demolición, dejando claro que no se suspende el acto administrativo impugnado.
Este fallo se suma a seis resoluciones judiciales anteriores que también respaldaron la idea de que los predios son de dominio público. El intendente Enrique Antía, al enfrentar preguntas sobre la situación, expresó su frustración por una denuncia penal en curso, insistiendo en que actúa dentro de la ley y sus mandatos como intendente.
La autorización para la demolición persiste a pesar de las apelaciones, y las maquinarias aguardan órdenes para continuar con la obra, que involucra la reubicación de instalaciones y la paralización de proyectos en curso. La incertidumbre sobre el papel del sistema penal enreda aún más la situación, pero el intendente reafirma su compromiso de actuar dentro del marco legal. La disputa, con siete resoluciones a favor de la intendencia, plantea preguntas sobre posibles precedentes y la complejidad de trabajar con el sistema judicial.
El abogado defensor de Antía, el Dr. Jorge Barrera dijo que, tras 6 fallos del Tribunal de lo Contencioso Administración a favor de la Intendencia, le cuesta creer que pueda existir alguna connotación penal cuando no hay ninguna irregularidad administrativa
El abogado defensor de los denunciantes, el Dr. Pablo Donnangelo, dijo que se ha utilizado como caballito de batalla la existencia de fallos a favor de la intendencia que declara bien publico los terrenos que los denunciantes reclaman como suyos
