24 de enero de 2026
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Ministerio de Economia y Finanzas

Gobierno impulsa decreto para que los precios se exhiban en moneda nacional, aunque también puedan verse en dólares

El Poder Ejecutivo, junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU), trabaja en un decreto que exigirá que los precios de bienes y servicios sean presentados en pesos o Unidades Indexadas (UI), aun cuando continúen mostrando su valor en dólares. La medida forma parte de un paquete orientado a promover la desdolarización de la economía uruguaya y fortalecer el uso de la moneda local en transacciones y ahorro.

El Gobierno nacional prepara la promulgación de un decreto que establecerá la obligación de exhibir los precios de bienes y servicios en moneda nacional, ya sea en pesos uruguayos o en Unidades Indexadas (UI), aunque se podrá complementar con la presentación en dólares estadounidenses.

La iniciativa, que aún no cuenta con una fecha definida para su entrada en vigencia, forma parte de una batería de medidas coordinadas entre el MEF y el BCU con el objetivo de fomentar el uso de la moneda local y reducir la dolarización de la economía, una característica estructural de mercados como el inmobiliario y el de bienes durables.

Según fuentes oficiales, el decreto buscará que los consumidores puedan comparar precios y elegir la moneda en la cual desean efectuar una compra, con la garantía de que la moneda de curso legal —el peso uruguayo— esté presente en la exhibición de los valores.

La normativa alcanzaría distintos rubros de bienes durables, incluyendo electrodomésticos y automóviles, que tradicionalmente se ofertan en dólares en Uruguay. El proyecto también contempla que los precios de inmuebles se muestren en Unidades Indexadas, una unidad que ajusta semanalmente de acuerdo con la inflación, aunque no impedirá la doble visualización con el dólar.

Las autoridades entienden que la costumbre de exhibir valores solo en dólares puede inducir a los consumidores a ahorrar en esa divisa, aun cuando ello implique un riesgo de pérdida de poder adquisitivo frente a bienes cuya cotización real se ajusta por inflación o con mayor estabilidad en moneda nacional.

La medida se suma a otras políticas impulsadas por el BCU para desincentivar el uso de depósitos en dólares y favorecer los instrumentos financieros en pesos. Entre estas se encuentran recientes cambios en el régimen de encajes bancarios que reducen la rentabilidad de depósitos en moneda extranjera y favorecen los realizados en pesos —un cambio previsto para comenzar a regir en el primer trimestre de 2026—.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, ha señalado en anteriores intervenciones que al alinear precios, ahorro y crédito en moneda nacional, se reduce la exposición a riesgos cambiarios y se fortalece la estabilidad macroeconómica.

Fuentes oficiales han señalado que aún resta un período de diálogo con el sector empresarial para considerar las circunstancias operativas antes de la redacción final del decreto. Asimismo, se prevé un tiempo de adaptación para las empresas, por lo que la aplicación efectiva podría demorarse tras la aprobación formal de la norma.

El Gobierno contempla que la medida no será inmediata, y que su implementación gradual permitirá a las empresas ajustar sus sistemas de exhibición de precios sin generar distorsiones abruptas en los mercados.

La propuesta ha abierto un debate entre economistas y empresarios sobre el impacto que puede tener en la inflación de precios, en la elección de moneda por parte de los consumidores y en la competitividad de los mercados. Algunos analistas sostienen que obligar a mostrar precios en moneda local puede fortalecer la demanda de pesos y reducir la preferencia por activos y transacciones en dólares, mientras que otros advierten sobre posibles costos de adaptación para las empresas y cambios en la estructura de precios de bienes durables.

Para varios sectores del comercio y la industria, la medida podría demandar inversiones en sistemas de exhibición y actualización de precios, así como una adaptación de la comunicación comercial con los consumidores. Tanto el MEF como el BCU mantienen abierto el canal de diálogo con representantes del sector privado para consensuar líneas de implementación que permitan minimizar costos transaccionales y cumplir con los objetivos de política económica.

Con esta iniciativa, el Gobierno ratifica su apuesta por fortalecer la moneda nacional como eje de referencia en la economía, en un contexto en que la exhibición y utilización de precios en dólares se mantiene como práctica extendida, especialmente en sectores de bienes durables y transacciones de alto valor. La medida se perfila como un componente clave dentro de un esquema más amplio de políticas monetarias y cambiarias destinadas a impulsar la desdolarización y promover la estabilidad financiera en el mediano plazo.

Oposición citará al Ministerio de Economía por modificaciones en la devolución de aportes al Fonasa

La bancada opositora del Parlamento uruguayo acordó citar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a comparecer ante la Comisión Permanente para brindar explicaciones sobre las modificaciones introducidas en el cálculo de la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La decisión surge tras el anuncio del presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre un decreto que ajusta la metodología utilizada para determinar dichos montos.

Críticas desde la oposición

El diputado por el Partido Nacional, Sebastián Andújar, fue el principal impulsor de la iniciativa. A través de su cuenta en la red social X, fundamentó la citación señalando que “cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple tecnicismo, es un cambio de derechos”. El legislador afirmó que la convocatoria busca esclarecer el impacto real de la medida y establecer si corresponde su tratamiento en el ámbito legislativo.

Desde la oposición también surgieron críticas más duras. El senador Sebastián Da Silva calificó las modificaciones como un “afane” y acusó al oficialismo de trasladar a la ciudadanía “errores de planificación” sin que quienes los generaron asuman responsabilidad. Asimismo, sostuvo que la clase media sería uno de los sectores más afectados por la redistribución de las devoluciones de Fonasa.

Los cambios anunciados y sus efectos

El origen de la polémica se remonta a un anuncio informal realizado por el presidente Orsi a fines de diciembre, en el que adelantó que, a partir de 2026, se implementarían cambios en la forma en que se calcula la devolución de aportes al Fonasa. Según voceros oficiales, el decreto modifica el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual, un parámetro clave para determinar el tope anual de aportes y, por ende, las devoluciones que pueden recibir los contribuyentes.

El ajuste, que entraría en vigor el próximo 1.º de enero, tiene efectos diferenciados según el año de liquidación. Para las devoluciones correspondientes a aportes realizados en 2025, que se abonarían en 2026, se mantendría la metodología vigente, beneficiando a cerca de 155.000 personas, según fuentes gubernamentales. No obstante, con el nuevo cálculo que regiría desde 2027, se estima que la cantidad de beneficiarios se reduciría a unas 81.000 personas, casi la mitad.

Repercusiones y próximos pasos

La convocatoria del MEF ante la Comisión Permanente representa un desafío político para el gobierno, que deberá justificar el alcance y la motivación de los cambios ante representantes de diferentes bancadas. La oposición sostiene que se trata de una alteración de derechos adquiridos, mientras que desde el oficialismo se argumenta que los ajustes buscan corregir errores de diseño en el cálculo y mejorar la sostenibilidad del sistema de salud.

La comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de otros integrantes del equipo económico aún no tiene fecha definida, aunque se espera que sea programada en los próximos días por la Mesa de la Comisión Permanente.

BROU ratifica próximo desembolso a Cardama: cuándo y por qué se seguirá pagando al astillero

El proyecto de construcción de dos patrulleras oceánicas encargadas al astillero español Cardama —una compra destinada a reforzar la vigilancia marítima de Uruguay— vuelve a generar polémica. A pesar de una denuncia por posibles irregularidades y cuestionamientos públicos, el Ministerio de Defensa Nacional y el BROU sostienen que los pagos comprometidos se mantienen, siempre que se cumplan los hitos técnicos acordados.

El presidente del banco estatal, Álvaro García, fue claro al afirmar que la obligación de desembolsar la siguiente cuota se mantiene mientras Cardama presente la documentación requerida para certificar el avance del contrato. “Si no cambia nada, los pagos hay que realizarlos.”

¿Qué pasó hasta ahora?

El contrato con Cardama fue firmado en diciembre de 2023 y prevé la construcción de dos “offshore patrol vessels” (OPV) destinados a la flota de la Armada Nacional uruguaya. La financiación se canaliza mediante una carta de crédito a través del BROU, bajo la supervisión de un banco corresponsal europeo, que establece hitos específicos para los pagos progresivos.

El primer desembolso —un anticipo— ya fue realizado en 2024. Luego, la empresa debía avanzar en la construcción según el cronograma, presentando las certificaciones correspondientes (planos, aprobación de estructuras, etc.).

No obstante, en 2025 surgieron denuncias del gobierno sobre “graves irregularidades”: entre ellas, la presentación de una garantía falsa por parte de Cardama, irregularidades en permisos de construcción y falta de aprobación final de planos estructurales. Ese contexto motivó una denuncia penal y la intención de rescindir el contrato.

Pese a eso, autoridades del BROU insisten en que la carta de crédito y el contrato regulan el pago bajo condiciones técnicas claramente definidas: si se cumple con los hitos, el pago es “irrevocable”.

Lo que define el futuro inmediato: hitos técnicos y documentos

Según García, la única forma de frenar el pago sería la ausencia de los documentos exigidos o que estos no acrediten el avance de manera fehaciente. Mientras tanto, el banco considera que su rol es administrativo y financiero —no judicial ni técnico— por lo que no puede retener fondos bajo presión política.

El próximo hito que Cardama debe certificar es clave: si se comprueba la correspondiente fase de construcción —con la quilla colocada, planos aprobados y controles técnicos validados—, se autorizará el nuevo desembolso. Si no, el banco podría negarse.

Tensiones entre legalidad, confianza y política

Este episodio puso en evidencia las tensiones entre las exigencias técnicas, los compromisos institucionales y el escrutinio público. Para el gobierno, el contrato con Cardama ya no genera confianza. Al mismo tiempo, para el BROU, suspender pagos sin fundamento podría afectar su credibilidad internacional como entidad financiera que respeta las cartas de crédito irrevocables.

El ministro de Defensa y representantes del Ejecutivo han señalado que, en caso de no poder continuar con Cardama, buscarán otras alternativas —incluso otro astillero o un consorcio— para cumplir con el objetivo de dotar a la Armada de las patrulleras previstas.

¿Qué significa para Uruguay?

Para Uruguay, el proyecto de patrulleras representa un intento de modernizar su capacidad de vigilancia marítima, un área crítica para proteger su zona económica exclusiva, controlar pesca ilegal y ejercer soberanía en aguas jurisdiccionales. El fracaso del proyecto implicaría retrasos sustanciales en esa modernización.

Pero también el episodio pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, selección de proveedores, garantías efectivas y supervisión técnica de contratos multimillonarios. Que el pago esté condicionado al cumplimiento de hitos puede ser visto como una oportunidad para aplicar mayor transparencia, exigir responsabilidad al proveedor y redefinir criterios de contratación estatal.

¿Está Uruguay preparado para una crisis tipo 2002? ¿cuánto cubren las reservas del Banco Central uruguayo?

A más de dos décadas de la crisis financiera de 2002 —marcada por una corrida bancaria, un fuerte shock cambiario y problemas de liquidez para hacer frente a la deuda pública—, Uruguay evalúa con cautela si su actual nivel de reservas internacionales sería suficiente para soportar un temporal similar hoy. El Banco Central del Uruguay (BCU) realiza simulaciones periódicas, y sus conclusiones muestran una situación mucho más robusta que en aquel entonces.

El antecedente que dejó cicatrices

En 2002, el país sufrió una de sus peores crisis económicas: bancos cerrados, depósitos retirados en masa y una demanda de dólares que las reservas no pudieron sostener. Esa experiencia ha quedado marcada en la memoria institucional y financiera del país.

Para evitar un escenario similar, el BCU utiliza un modelo que denomina “reservas de confort”: un nivel precautorio de activos externos (principalmente dólares) diseñado para soportar una combinación de choques simultáneos, como los de 2002: corrida bancaria, presión cambiaria y falta de acceso al financiamiento.

Escenario hipotético: ¿cuánto se necesitaría hoy?

Según los cálculos más recientes del BCU, en un escenario extremo similar al de 2002, la entidad central requeriría aproximadamente US$ 16.140 millones para hacer frente a todos los riesgos analizados.

Ese monto se desglosa de la siguiente manera:

  • Para cubrir los riesgos monetarios y cambiarios, serían necesarios US$ 8.384 millones, de los cuales US$ 7.781 millones corresponderían al servicio de deuda del propio BCU.
  • En cuanto al sector público no financiero —gobierno central y Banco de Previsión Social—, se estiman riesgos por US$ 3.035 millones, producto del pago de deuda más un déficit primario simulado en un contexto de crisis.
  • Finalmente, para cubrir el sistema financiero (corrida bancaria) se requieren US$ 4.722 millones adicionales.

¿Y las reservas actuales?

Al 31 de agosto de 2025, el stock de activos de reserva del BCU alcanzaba los US$ 18.488 millones, según su último Informe de Política Monetaria. Esto implica una holgura de US$ 2.348 millones por sobre lo estimado para el escenario más adverso. El informe interpreta esto como una “posición financiera muy sólida”.

En cuanto a vencimientos de deuda, el perfil proyectado no arroja presión inmediata: más de dos tercios de la deuda deben pagarse después de 2028, lo que da margen ante posibles tensiones.

Cómo invierte el BCU sus reservas

Las reservas no están simplemente “guardadas”: el BCU las distribuye en cuatro fondos con diferentes propósitos:

  1. Fondo Liquidez (en dólares y otras monedas) — para permitir intervención rápida.
  2. Fondo Precautorio (US$) — reservado para riesgos extremos.
  3. Fondo Inversión (US$) — para generar retorno a mediano plazo.
  4. Fondo Especial, con activos en diferentes monedas (dólar, yuan, reales, pesos mexicanos) y en instrumentos más diversificados (bonos ESG, MBS, corporativos, etc.).

Al 30 de septiembre de 2025, estas carteras gestionaban unos US$ 18.521 millones. Del total, más de US$ 7.500 millones estaban en el fondo de liquidez, que es clave para reaccionar rápido ante crisis.

¿Qué función cumplen estas reservas?

No solo son un “colchón para emergencias”: el BCU las considera una especie de seguro. Permiten:

  • Tener liquidez en dólares lista para vender si se necesita intervenir en el mercado cambiario.
  • Garantizar el servicio de la deuda externa del propio Banco Central.
  • Mejorar la percepción de riesgo por parte de los inversores: cuanto mayor sea el nivel de reservas, menor es la prima de riesgo país.

De acuerdo con el BCU, sus reservas “exceden en general el volumen de liquidez requerido para lo que puede considerarse la operativa diaria”, lo que refuerza su carácter precautorio.

¿Conclusión? Más preparación que en 2002, pero no inmunidad

El ejercicio de simulación del BCU sugiere que Uruguay cuenta hoy con un colchón mucho más robusto que hace más de veinte años, y que sus reservas actuales podrían resistir un choque múltiple como el vivido en 2002.

Sin embargo, ese “seguro” no implica inmunidad total: usar esas reservas en un escenario real de crisis requeriría decisiones difíciles, como vender dólares, enfrentar presiones sobre la tasa de interés, o asumir un déficit primario negativo.

Además, el costo de oportunidad de mantener reservas tan elevadas no es despreciable: esos recursos podrían usarse para inversiones o para otros fines.

En definitiva, Uruguay parece estar mejor equipado para capear un temporal económico-financiero que hace dos décadas. Pero la fortaleza no elimina los riesgos: la clave estará en cómo se gestionen esos recursos si llegara una crisis real.

Economía: proyecciones de URSEA y la baja del crudo abren el escenario a una reducción en los combustibles en Noviembre

El mercado internacional del petróleo, caracterizado por una marcada volatilidad en el último trimestre, ha abierto un escenario favorable para los consumidores uruguayos. Según los informes técnicos y proyecciones preliminares basados en el mecanismo del Precio de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), el Poder Ejecutivo contaría con el margen necesario para aplicar una rebaja en los precios de la nafta y el gasoil a partir de noviembre.

Este ajuste tarifario, que se realiza de forma mensual en Uruguay, se fundamenta principalmente en el retroceso del precio del petróleo crudo a nivel global durante el mes de octubre.

La Variable Clave: El Mercado del Petróleo

La política de precios de los combustibles en Uruguay se basa en el sistema del PPI, que busca reflejar los costos de importar los productos terminados, incluyendo fletes e impuestos. El mercado de referencia para las gasolinas y el gasoil es la Costa del Golfo de México (USGC). Sin embargo, la tendencia general es marcada por el crudo de referencia global, el Brent.

  • Retroceso del Crudo en Octubre: Durante octubre de 2025, el precio del barril de Brent promedió en torno a los 65 dólares, lo que representa una baja significativa respecto a los más de 70 dólares registrados en el trimestre anterior.
  • A fines de octubre de 2025, la cotización del Brent se situó alrededor de los $63.77 a $64.83 por barril, manteniendo la tendencia a la baja que habilita el margen para la revisión de precios en el surtidor.

Proyecciones de URSEA: Las Disminuciones Proyectadas

Las estimaciones preliminares que analizan la evolución de los precios internacionales hasta el cierre de la ventana de URSEA indican que, de aplicarse estrictamente la paridad de importación, los combustibles deberían registrar una baja.

  • Nafta: Analistas coinciden en que la nafta podría bajar entre $ 1 y $ 2 por litro. El retroceso del crudo habilita un margen para mantener o incluso reducir los precios al público.
  • Gasoil: El gasoil mostraría una reducción algo mayor que la nafta.
  • Ajustes Anteriores (Ejemplo): Si bien los datos específicos para noviembre de 2025 están en proceso, los cálculos de la URSEA para el período anterior (septiembre a octubre) ya reflejaban disminuciones proyectadas, como la baja del 1,68% para la nafta Súper 95 y del 1,77% para el gasoil 50S, lo que sienta un precedente para la tendencia de baja del crudo.

La Decisión Final y el Factor ANCAP

Es fundamental recordar que la URSEA calcula el Precio de Paridad de Importación (PPI), pero los precios máximos de venta al consumidor final son fijados por el Poder Ejecutivo. La decisión final sobre si se traslada la baja proyectada por el PPI al surtidor y en qué magnitud dependerá de la voluntad política del Gobierno y de la estrategia financiera de ANCAP, incluyendo su política hacia fin de año y cómo administre el subsidio al supergás (GLP).

Aunque el retroceso del crudo internacional habilita el margen, factores geopolíticos y decisiones internas (como el tope de ajustes bimestrales del 7% y la composición de impuestos) siempre pueden influir en la decisión final del Ejecutivo.

Gobierno y cámaras empresariales avanzan en la construcción de consensos para el crecimiento del país

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió en la jornada de ayer a representantes de diversas cámaras empresariales en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, en Montevideo. La reunión se enmarca en un proceso de diálogo abierto con el sector privado, con el objetivo de fortalecer la colaboración público-privada y abordar temas clave para el desarrollo económico del país.

Durante el encuentro, Orsi destacó la importancia de mantener un canal de comunicación fluido con las cámaras empresariales, reconociendo su rol fundamental en la generación de empleo y el impulso de la actividad económica. Asimismo, subrayó la necesidad de trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos actuales y futuros que enfrenta Uruguay.

Por su parte, los representantes empresariales expresaron su disposición a colaborar estrechamente con el gobierno en la implementación de políticas que fomenten la inversión, la innovación y la competitividad. Se abordaron temas relacionados con la simplificación administrativa, la mejora del clima de negocios y la promoción de sectores estratégicos para el crecimiento económico sostenible.

Esta reunión forma parte de una serie de encuentros que el presidente Orsi ha mantenido con diferentes actores del sector productivo, con el fin de recoger propuestas y generar consensos en torno a la agenda económica nacional. El gobierno ha manifestado su compromiso con la creación de un entorno favorable para el desarrollo empresarial, basado en la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la previsibilidad normativa.

Docentes paralizan actividad el 12 de agosto con foco en presupuesto y negociaciones salariales

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU), en consonancia con la resolución del PIT‑CNT, convoca un paro nacional de 24 horas el próximo martes 12 de agosto. La medida, que cubrirá la totalidad del país, busca sumar presión en las discusiones por el presupuesto estatal y los Consejos de Salarios

El paro se enmarca en la propuesta planteada por el PIT‑CNT de un paro general parcial, previsto entre las 9:00 y las 13:00 horas el mismo día, que se extenderá de modo total para los docentes como forma de visibilizar demandas específicas del sector educativo

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) anunció además que incluirá en su plataforma demandas propias: resolución favorable para docentes sancionados en San José y críticas a la denominada Transformación Educativa impulsada por el Codicen. . Esta instancia sindical sostiene que la reforma educativa, junto con restricciones presupuestales, ha generado preocupación y malestar en varias localidades del país

En la Asamblea General de Delegados realizada en Salto se destacó que la huelga de 24 horas permitirá abarcar los tres turnos de enseñanza y facilitar la participación en la movilización central en Montevideo, prevista con concentración en Plaza Independencia y marcha hacia Torre Ejecutiva y el Ministerio de Economía y Finanzas

La convocatoria llega en un momento de intensa negociación por el presupuesto nacional y los ajustes salariales en diversos sectores públicos. Además del reclamo docente, se suman movilizaciones de trabajadores del sector lácteo, pesquero e industriales, quienes también presionan mediante medidas sindicales coordinadas

Brasil: oferta limitada y precios firmes en mercado del novillo

En el mercado brasileño de ganado gordo, el novillo premium —particularmente razas como Angus o Hereford— se está cotizando actualmente en un rango firme de US$ 3,80 a US$ 3,90 por kilo vivo. La escasez de oferta ha provocado que la demanda presione sobre los precios, limitando la disponibilidad de animales de alta calidad

Fernando Petruzzi, productor y consignatario radicado en Río Grande del Sur, advirtió sobre el impacto de la incertidumbre internacional: “En el mercado hay cautela por lo que puedan ser los anuncios del 1.º de agosto por parte de Estados Unidos”, en referencia a posibles medidas arancelarias que afectarían las exportaciones

Aunque la carne brasileña destinada a EE. UU. representa apenas el 3,5 % de la producción nacional, su salida forzada del mercado exterior presiona el comercio interno y genera competencia con otras proteínas como el pollo

La exportación en pie hacia Turquía sigue siendo sólida: está programado un nuevo envío de aproximadamente 12.000 novillos pesados y las cuarentenas de terneros ya están completas, lo que refuerza el dinamismo del segmento

Además, los precios para terneros se mantienen en torno a US$ 2,30–2,40 y los novillos de primera calidad en torno a US$ 2,10

En este contexto de mínima oferta y alta demanda, se prevé que los precios se mantengan firmes durante el resto del semestre, a la espera de definiciones sobre el panorama comercial internacional y su impacto sobre la ganadería regional.

Cámara Uruguaya de Turismo presentó propuestas al Senado y solicita mayor presupuesto para el sector

En el marco de la discusión del Presupuesto Nacional, la Cámara Uruguaya de Turismo mantuvo una reunión con la Comisión de Industria, Turismo y Servicios del Senado, donde expuso una serie de propuestas y sugerencias destinadas a potenciar el desarrollo del sector turístico en el país.

Alejandro D’Elía, gerente de Solanas Vacation Club y secretario de la Cámara, destacó que el encuentro tuvo como objetivo presentar un documento técnico con aportes del sector privado, basado en estudios sobre la evolución del turismo en Uruguay. Según explicó, no se trata de reclamos, sino de recomendaciones estratégicas elaboradas en base a la experiencia acumulada y al análisis de datos sectoriales.

La Cámara ya había mantenido reuniones previas con la Comisión de Diputados y con el Ministerio de Turismo. En esta oportunidad, fueron recibidos por los senadores de la comisión competente, y esperan próximamente concretar una audiencia con el Ministerio de Economía.

D’Elía remarcó que el presupuesto actual del Ministerio de Turismo es insuficiente para atender las necesidades y el potencial de crecimiento de la industria. “El turismo ha demostrado una resiliencia que otras industrias no tienen, especialmente tras la pandemia”, señaló, al tiempo que destacó la recuperación de los puestos de trabajo y el impacto positivo que genera en la economía.

Además, enfatizó que el turismo interno representa el 50% de la actividad, y que existen oportunidades claras para seguir desarrollándolo, al igual que el turismo receptivo y la promoción internacional del país como destino. A pesar de ello, muchas de las acciones planificadas quedan truncas “por falta de recursos económicos”.

Desde la Cámara, se propone un aumento presupuestal para el quinquenio que permita al Ministerio ejecutar más políticas y estrategias de crecimiento. “Uruguay es una marca país con una proyección real a 10 o 15 años. Si se fortalece el presupuesto, se fortalecerá la industria, se atraerán más divisas y se generará más empleo”, subrayó.

Por último, D’Elía reiteró que las propuestas elevadas al Parlamento no pretenden desconocer las prioridades del gobierno nacional —como la educación, la seguridad o la salud—, sino colaborar con una mirada de largo plazo para un sector que, según datos oficiales, es uno de los principales generadores de ingresos para el país.

Efecto Temu en Uruguay: El boom de las compras online y su impacto en los comercios locales

Las compras al exterior por Internet registraron un incremento sin precedentes en Uruguay durante los primeros cuatro meses de 2025, en el marco del denominado “efecto Temu”, tras la llegada al país de la aplicación de comercio electrónico china que opera con precios bajos y envíos internacionales sin impuestos. Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), entre enero y abril ingresaron al país 580.789 encomiendas bajo el régimen de franquicia, lo que representa un aumento de 202,2% respecto al mismo período del año anterior.

El régimen de franquicia permite a cada uruguayo mayor de 18 años realizar hasta tres compras por año en plataformas del exterior, con un tope de US$ 200 y un peso máximo de 20 kilos por envío, sin abonar impuestos. En el primer cuatrimestre de 2024, el promedio mensual era de 48.051 paquetes. En lo que va de 2025, esa cifra trepó a 145.197 mensuales.

El fenómeno alcanzó su punto más alto en febrero, cuando se registró un récord histórico de 170.367 paquetes ingresados. Marzo y abril también se posicionaron entre los meses con mayor número de encomiendas desde la creación del régimen.

Ante el crecimiento sostenido del uso de esta franquicia, el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra recabando información para evaluar el impacto comercial del fenómeno, según indicó el director de la Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga, en una reciente entrevista con el diario El País.

“Estamos analizando el efecto Temu con dos precauciones: sabemos que es un sistema muy valorado por los consumidores y útil para bajar márgenes, pero también vemos que podría estar generando problemas en ciertos nichos de mercado específicos”, sostuvo el jerarca. No obstante, aclaró que los indicadores del comercio general se mantienen estables, aunque algunos rubros puntuales podrían estar viéndose afectados.

Labraga reconoció que el régimen de franquicia ha tenido un crecimiento significativo: pasó de ser utilizado por unos 220.000 uruguayos en 2023 a 650.000 en 2024. “Es un cambio importante que amerita análisis”, subrayó.

Compromisos internacionales
Uruguay mantiene compromisos internacionales vigentes en materia de comercio electrónico, especialmente con Estados Unidos, en el marco del acuerdo TIFA (Trade and Investment Framework Agreement). Ese convenio establece que las compras online por hasta US$ 200 no están sujetas a impuestos ni controles aduaneros restrictivos, por lo que cualquier eventual medida deberá respetar ese marco normativo.

“Tenemos un compromiso del TIFA que vamos a cumplir. Uruguay decidió extender ese beneficio no solo a Estados Unidos sino al resto del mundo, y eso sigue vigente. Lo que queremos garantizar es que la competencia sea leal”, afirmó Labraga.

Por el momento, no hay definiciones concretas sobre posibles cambios normativos, pero el análisis de la situación continuará en los próximos meses.

Sectores más impactados por el «efecto Temu» en Uruguay
Vestimenta y calzado: Estos rubros representan una parte considerable de las compras realizadas a través de Temu. Según datos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), la vestimenta constituye el 21,6% de los envíos por franquicia, mientras que el calzado representa el 9% . La competencia en precios y variedad ha afectado directamente a los comercios locales de estos sectores.

Juguetes: Este sector ha experimentado una notable disminución en las ventas debido a la competencia de Temu. Federico Gerwe, presidente de la Asociación de Jugueteros del Uruguay, informó que entre 30 y 40 locales cerraron en los últimos dos años, y solo entre febrero y marzo de 2025 se perdieron otros nueve puntos de venta .

Artículos para el hogar y decoración: Los productos de decoración del hogar constituyen el 9,8% de los envíos por franquicia, lo que indica una preferencia creciente por adquirir estos artículos a través de plataformas como Temu .

Electrónica: Los dispositivos electrónicos representan el 8,9% de las compras realizadas mediante el régimen de franquicia. La amplia oferta y precios competitivos de Temu en este rubro han influido en la disminución de ventas en comercios locales .

Pequeñas y medianas empresas (pymes): Las pymes, especialmente aquellas dedicadas al comercio minorista, han sido particularmente vulnerables al impacto de Temu. Según la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), el 70% de las empresas asociadas reportaron una caída en sus ventas superior al 10% desde la llegada de la plataforma .