JUTEP

En un contexto político marcado por escándalos de alto perfil y cuestionamientos a la transparencia institucional, Uruguay enfrenta importantes desafíos para consolidar su gobernabilidad democrática y fortalecer sus políticas anticorrupción. Así lo revela el último informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), que analiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en las Cumbres de las Américas de Lima (2018) y Los Ángeles (2022).

A pesar de ciertos avances en áreas como la digitalización gubernamental, los resultados generales reflejan serias carencias en la implementación de políticas que garanticen transparencia, participación ciudadana y protección a denunciantes, pilares fundamentales para combatir la corrupción de manera efectiva.

1.Falta de perspectiva inclusiva

El informe señala la ausencia de un enfoque de género e interseccionalidad en las políticas anticorrupción, dejando desprotegidos a sectores vulnerables como mujeres, comunidades LGBTIQA+, pueblos originarios y personas con discapacidad. Esto pone en evidencia la falta de iniciativas para reconocer y abordar los impactos diferenciados de la corrupción en estas poblaciones.

2. Casos emblemáticos de corrupción

El período reciente estuvo marcado por dos grandes escándalos que sacudieron la confianza ciudadana. El primero, relacionado con Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial, involucró actividades ilícitas como espionaje y tráfico de influencias. El segundo, vinculado al narcotraficante Sebastián Marset, evidenció fallas graves en la entrega de pasaportes y terminó con la renuncia de altos funcionarios.

Ambos casos reflejan cómo la debilidad institucional permite la repetición de conductas corruptas sin consecuencias claras.

3. Órganos de control debilitados

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y la Fiscalía de la Nación son señaladas por su limitada autonomía financiera y operativa. A pesar de ser los principales organismos encargados de combatir la corrupción, carecen de recursos suficientes para cumplir sus funciones.

Por otro lado, la reciente Ley de Financiamiento Político representa un avance para regular los fondos de los partidos y campañas electorales, aunque todavía enfrenta desafíos para garantizar su implementación efectiva.

4. Compras públicas sin cláusulas anticorrupción

La falta de normativas específicas para evitar irregularidades en contrataciones públicas sigue siendo una deuda pendiente. Aunque se han adoptado decisiones aisladas en casos sensibles, como el escándalo Astesiano, no existe una política clara que promueva la transparencia en este ámbito.

A pesar de las críticas, Uruguay mantiene ciertos avances significativos. El país ha logrado posicionarse como referente regional en digitalización gracias a su Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y datos abiertos, liderada por AGESIC. Además, su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto ha permitido cocrear cinco planes de acción nacional, impulsando la transparencia y la participación ciudadana en línea.

También se destacan esfuerzos en la implementación de herramientas como portales de transparencia y simplificación de trámites digitales, que promueven la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

El próximo gobierno: un llamado urgente
El OCC insta al gobierno entrante, que asumirá en marzo de 2025, a priorizar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Entre las recomendaciones clave destacan:

• Fortalecer los órganos de control, dotándolos de recursos y autonomía.
• Crear espacios de diálogo multiactor con la sociedad civil, academia y sector privado.
• Incorporar un enfoque inclusivo que considere a las poblaciones vulnerables.
• Implementar políticas claras para proteger a los denunciantes y garantizar justicia en los casos de corrupción.

Uruguay enfrenta un momento clave para redefinir su estrategia anticorrupción. La transparencia y la rendición de cuentas no solo son necesarias para combatir los delitos, sino también para reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones. Si bien los avances en digitalización y acceso a la información son significativos, es urgente abordar las debilidades estructurales que perpetúan la impunidad y debilitan la democracia.