17 de enero de 2026
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Gobierno Central

¿Está Uruguay preparado para una crisis tipo 2002? ¿cuánto cubren las reservas del Banco Central uruguayo?

A más de dos décadas de la crisis financiera de 2002 —marcada por una corrida bancaria, un fuerte shock cambiario y problemas de liquidez para hacer frente a la deuda pública—, Uruguay evalúa con cautela si su actual nivel de reservas internacionales sería suficiente para soportar un temporal similar hoy. El Banco Central del Uruguay (BCU) realiza simulaciones periódicas, y sus conclusiones muestran una situación mucho más robusta que en aquel entonces.

El antecedente que dejó cicatrices

En 2002, el país sufrió una de sus peores crisis económicas: bancos cerrados, depósitos retirados en masa y una demanda de dólares que las reservas no pudieron sostener. Esa experiencia ha quedado marcada en la memoria institucional y financiera del país.

Para evitar un escenario similar, el BCU utiliza un modelo que denomina “reservas de confort”: un nivel precautorio de activos externos (principalmente dólares) diseñado para soportar una combinación de choques simultáneos, como los de 2002: corrida bancaria, presión cambiaria y falta de acceso al financiamiento.

Escenario hipotético: ¿cuánto se necesitaría hoy?

Según los cálculos más recientes del BCU, en un escenario extremo similar al de 2002, la entidad central requeriría aproximadamente US$ 16.140 millones para hacer frente a todos los riesgos analizados.

Ese monto se desglosa de la siguiente manera:

  • Para cubrir los riesgos monetarios y cambiarios, serían necesarios US$ 8.384 millones, de los cuales US$ 7.781 millones corresponderían al servicio de deuda del propio BCU.
  • En cuanto al sector público no financiero —gobierno central y Banco de Previsión Social—, se estiman riesgos por US$ 3.035 millones, producto del pago de deuda más un déficit primario simulado en un contexto de crisis.
  • Finalmente, para cubrir el sistema financiero (corrida bancaria) se requieren US$ 4.722 millones adicionales.

¿Y las reservas actuales?

Al 31 de agosto de 2025, el stock de activos de reserva del BCU alcanzaba los US$ 18.488 millones, según su último Informe de Política Monetaria. Esto implica una holgura de US$ 2.348 millones por sobre lo estimado para el escenario más adverso. El informe interpreta esto como una “posición financiera muy sólida”.

En cuanto a vencimientos de deuda, el perfil proyectado no arroja presión inmediata: más de dos tercios de la deuda deben pagarse después de 2028, lo que da margen ante posibles tensiones.

Cómo invierte el BCU sus reservas

Las reservas no están simplemente “guardadas”: el BCU las distribuye en cuatro fondos con diferentes propósitos:

  1. Fondo Liquidez (en dólares y otras monedas) — para permitir intervención rápida.
  2. Fondo Precautorio (US$) — reservado para riesgos extremos.
  3. Fondo Inversión (US$) — para generar retorno a mediano plazo.
  4. Fondo Especial, con activos en diferentes monedas (dólar, yuan, reales, pesos mexicanos) y en instrumentos más diversificados (bonos ESG, MBS, corporativos, etc.).

Al 30 de septiembre de 2025, estas carteras gestionaban unos US$ 18.521 millones. Del total, más de US$ 7.500 millones estaban en el fondo de liquidez, que es clave para reaccionar rápido ante crisis.

¿Qué función cumplen estas reservas?

No solo son un “colchón para emergencias”: el BCU las considera una especie de seguro. Permiten:

  • Tener liquidez en dólares lista para vender si se necesita intervenir en el mercado cambiario.
  • Garantizar el servicio de la deuda externa del propio Banco Central.
  • Mejorar la percepción de riesgo por parte de los inversores: cuanto mayor sea el nivel de reservas, menor es la prima de riesgo país.

De acuerdo con el BCU, sus reservas “exceden en general el volumen de liquidez requerido para lo que puede considerarse la operativa diaria”, lo que refuerza su carácter precautorio.

¿Conclusión? Más preparación que en 2002, pero no inmunidad

El ejercicio de simulación del BCU sugiere que Uruguay cuenta hoy con un colchón mucho más robusto que hace más de veinte años, y que sus reservas actuales podrían resistir un choque múltiple como el vivido en 2002.

Sin embargo, ese “seguro” no implica inmunidad total: usar esas reservas en un escenario real de crisis requeriría decisiones difíciles, como vender dólares, enfrentar presiones sobre la tasa de interés, o asumir un déficit primario negativo.

Además, el costo de oportunidad de mantener reservas tan elevadas no es despreciable: esos recursos podrían usarse para inversiones o para otros fines.

En definitiva, Uruguay parece estar mejor equipado para capear un temporal económico-financiero que hace dos décadas. Pero la fortaleza no elimina los riesgos: la clave estará en cómo se gestionen esos recursos si llegara una crisis real.

Crisis ética y política: la oposición carga contra la JUTEP y denuncia «salvataje político» a Danza pese a su renuncia a la actividad privada

Tras el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que desestimó la incompatibilidad del presidente de ASSE, Álvaro Danza, la oposición lo tildó de «comité de base del FA» y advirtió que «si pasa esto, pasa todo». Danza, por su parte, anunció que suspenderá su actividad privada a pedido de la ministra Lustemberg, quien calificó la controversia de «excesiva mediatización»

El caso que involucra al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, escaló a una crisis institucional profunda luego de la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). El organismo concluyó, con los votos del oficialismo, que «no existe incompatibilidad» entre el cargo de Danza y su desempeño como médico y docente en el sector privado.

Sin embargo, el fallo, que contradice un informe técnico previo de la propia asesoría letrada de la Jutep, desató la furia de la oposición, que lo calificó de «salvataje político» y denunció que lo político primó «por encima de lo jurídico».

La Oposición Deslegitima a la JUTEP: «Comité de Base del FA»

El directorio del Partido Nacional (PN) y legisladores de la coalición opositora no tardaron en reaccionar, apuntando directamente contra la credibilidad de la Jutep.

Álvaro Delgado, presidente del directorio del PN, escribió en su cuenta de X que la resolución era un «salvataje político a Danza», señalando que el informe contundente de la asesoría jurídica y el voto disidente del director del PN, Luis Calabria, fueron «dejados de lado» para «blindarlo» políticamente.

El diputado blanco Pablo Abdala fue uno de los más duros, al sostener que el gobierno está dando señales «propias de un gobierno totalitario» al «adueñarse del organismo competente en materia de ética pública para apuntalar [una] mentira». Abdala insistió que la Jutep, con esta decisión, ha «construido un concepto de ética frenteamplista» y «se expone a perder la confianza de la oposición, del sistema político y del país».

En la misma línea, el diputado colorado Felipe Schipani sentenció que lo de la Jutep «es vergonzoso, y se ha transformado en un comité de base del Frente Amplio».

«Si Pasa Esto, Pasa Todo»: La Gravedad Institucional

El cuestionamiento ético y jurídico se centró en la noción de conflicto de intereses. El diputado colorado Conrado Rodríguez afirmó que la decisión «es vergonzosa, claramente política y no jurídica», pues existe una «notoria evidencia de la incompatibilidad de Danza de dirigir una institución que luego contrata con las mutualistas en las que él es un dependiente subordinado». Sentenció: «No se puede estar de los dos lados del mostrador, la Constitución prohíbe la existencia de este conflicto de intereses».

El interpelante y diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, advirtió sobre la gravedad del precedente, afirmando que «si pasa esto, pasa todo». Subrayó que, al «blindar conductas corruptas y opacas» pese al informe jurídico, la Jutep demuestra una «situación de institucionalidad extremadamente delicada, porque no hay antecedentes».

El senador Rodrigo Blás (PN) reforzó esta crítica, advirtiendo que el pronunciamiento de la Jutep «desconoce fundamentos jurídicos ampliamente aceptados» y se transforma en «un aval político a una inconstitucionalidad evidente». Blás concluyó que la Jutep «ha perdido legitimidad al actuar con criterios políticos y no técnicos» y que este episodio erosiona la confianza ciudadana al hacer que los organismos de transparencia actúen como «brazos políticos».

Danza Suspende su Actividad Privada: Un «Gesto de Sacrificio» o Reconocimiento de Incompatibilidad

Pocas horas después del polémico fallo de la Jutep, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, brindó una conferencia de prensa junto a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

A pesar de que la Jutep lo avaló, Lustemberg anunció que le había propuesto a Danza que «suspenda sus actividades privadas» durante su mandato para dedicarse «de forma exclusiva» a ASSE. La ministra valoró esta decisión como un «gesto de sacrificio y de entrega al servicio público», que implicará la renuncia a unos $366.000 pesos mensuales y a sus cargos en mutualistas como CAMS de Soriano, la Asociación Española y la Médica Uruguaya.

Danza aceptó la propuesta, afirmando que, si bien la Jutep demostró que no incurrió en «ninguna irregularidad ni en ninguna incompatibilidad», decidió «optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional para mejorar ASSE». El jerarca, sin embargo, se reservó su cargo docente en la Facultad de Medicina, tomándose una licencia de «índole personal».

La oposición interpretó esta acción como una admisión tácita de la incompatibilidad. El senador Blás lo resumió así: «Si la ministra le pidió al doctor Danza que renuncie a sus actividades privadas, es porque reconoce que existe incompatibilidad. Pretender lo contrario es colocar lo político por encima de lo jurídico».

La Interpelación Sigue en Pie y la «Mediatización Excesiva»

A pesar de la renuncia de Danza a la actividad privada, la oposición reafirmó que la interpelación a la ministra Lustemberg, que estará a cargo del diputado Sotelo, sigue siendo «totalmente necesaria» y «toma mayor relevancia». El diputado Abdala aseguró que, «con Danza o sin Danza» en ASSE, su credibilidad está «definitivamente destruida» y «el desgaste que ha sufrido no tiene retorno».

Lustemberg, por su parte, defendió la conducta de Danza y criticó la «excesiva mediatización y personalización» del caso. La ministra afirmó que la controversia, que comenzó como una «duda técnica atendible», se desvió hacia «ataques personales» y una «batalla que desvió el foco de lo que debería ser verdaderamente importante para todo el arco político de la gestión de ASSE», que es la mejora del servicio que atiende a un millón y medio de usuarios.

Con la interpelación en el horizonte y la credibilidad de la JUTEP en el punto más bajo de su historia reciente, el caso Danza se consolida como uno de los conflictos institucionales más delicados para el gobierno.

Encuesta revela fuerte incertidumbre: el 49 % no juzga la gestión de Orsi como buena ni mala

A seis meses del inicio del primer mandato de Yamandú Orsi como presidente, la consultora Opción Consultores publicó los resultados más recientes sobre la percepción ciudadana de su gestión. La encuesta revela una fuerte presencia de opiniones intermedias: el 49 % de la población califica la administración como “ni buena ni mala” o directamente no emite juicio. 

Sólo el 29 % de los uruguayos expresa aprobación de la labor gubernamental, mientras que el 22 % se posiciona en el extremo opuesto: un 14 % la considera “mala” y un 8 % la califica como “muy mala”  . Si bien la aprobación es similar a la registrada en el primer trimestre (30 %), la desaprobación presenta una ligera alza de tres puntos porcentuales

El peso del “más neutral que neutro”

El verdadero indicador del momento político fue el elevado porcentaje de aprobación neutra: “Este predominio del segmento intermedio no había sido registrado en nuestras encuestas referidas a gobiernos anteriores”, subrayan desde Opción

Al indagar en los motivos, descubrieron que el 58 % de quienes se mantienen neutrales considera que “todavía es demasiado pronto para evaluarlo”, mientras que el 20 % dice “no observar cambios respecto al pasado”, el 15 % mantiene una opinión más negativa que positiva, y el 7 % admite estar poco informado para opinar

Este escenario contrasta con el desempeño político habitual, donde las administraciones suelen generar valoraciones más definidas desde los primeros meses, apuntan los expertos. Tan es así que Orsi no ha sufrido una pérdida clara del “capital político”, aunque enfrenta el desafío de movilizar a ese bloque entusiasta pero pasivo

Desglose por áreas clave

Economía: la evaluación coincide con la percepción general: 27 % aprueba, 19 % desaprueba y el 48 % califica el desempeño como neutro, mientras que un 6 % no se pronuncia  . Seguridad pública: se convierte en el talón de Aquiles del gobierno. El 53 % desaprueba la gestión en esta área, frente a apenas el 17 % que la aprueba —obteniendo un saldo negativo de 35 puntos—  . El electorado frenteamplista también muestra críticas: 35 % desaprueba contra un 27 % que aprueba  . Personas en situación de calle: la gestión recibió una evaluación mayoritariamente positiva: 43 % aprueba (7 % muy buena, 36 % buena), mientras que el 29 % la desaprueba (20 % mala, 9 % muy mala). El 25 % fue neutral y un 3 % no opinó

¿Luz amarilla o ventana para crecer?

El alto porcentaje de aprobación neutra representa tanto una alerta como una oportunidad para el gobierno. Por un lado, alerta sobre una debilidad en consolidar el apoyo de su propio electorado; por otro, sugiere que, con medidas públicas claras y visibles —como el debate del presupuesto—, se podría virar buena parte de ese voto hacia la aprobación  

“Necesitamos apoyo del gobierno nacional para avanzar en el plan Eucaliptus”, afirmó el Arq. Hugo Suárez

El Subdirector del Departamento de Vivienda de Maldonado, Arq. Hugo Suárez, informó sobre los avances del plan de regularización del Asentamiento Eucaliptus, una de las metas más relevantes de la administración. El jerarca aseguró que el proyecto progresa de forma positiva, aunque depende de la asignación de fondos por parte del Gobierno Nacional para garantizar su continuidad.

“Tenemos muchas cosas pendientes que venimos trabajando desde el período pasado. La regularización del asentamiento Eucaliptus es una meta importante, viene avanzando bien, pero vamos a necesitar que el Gobierno Nacional siga proporcionando los recursos necesarios”, señaló Suárez.

Entrega de viviendas y relocalización

El programa de regularización y relocalización del asentamiento contempla la entrega de nuevas viviendas y la mejora de otras ya existentes. Según informó el jerarca, 100 viviendas están prontas para ser entregadas en breve y se comenzará en paralelo la construcción de 85 unidades habitacionales adicionales.

“Este plan es mixto: hay familias que se relocalizan y otras que permanecen en el lugar. A las que se quedan se les hacen mejoramientos habitacionales. Todo esto depende en gran medida de los fondos nacionales”, explicó Suárez.

El Subdirector recordó que ya habían mantenido reuniones con la anterior ministra de Vivienda, Irene Moreira, y que en los próximos meses buscarán reunirse con las nuevas autoridades ministeriales y con el intendente para definir lineamientos.

Maldonado, un departamento con alta demanda habitacional

Suárez destacó que Maldonado, a diferencia de otros departamentos, se caracteriza por un crecimiento poblacional sostenido que genera una mayor demanda de vivienda.

“La Intendencia puede dar respuesta hasta un determinado nivel, pero el resto es competencia del Gobierno Nacional y del ministerio respectivo. La demanda en Maldonado es muy alta”, afirmó.

Programa de lotes con servicios

El jerarca también hizo referencia al programa de prevención de asentamientos, basado en el sorteo de lotes con servicios, el cual la administración seguirá impulsando en este nuevo período.

“Es un programa muy bueno porque genera confianza en la gente. La familia paga el terreno y después construye su vivienda, y eso es lo que realmente construye comunidad. No se trata solo de entregar viviendas, sino de trabajar en el relacionamiento social entre vecinos”, subrayó Suárez.

Este programa ha permitido abarcar prácticamente todas las localidades del departamento. El próximo desafío es San Carlos, donde se espera que tras la construcción de la nueva planta de tratamiento se puedan fraccionar tierras de la Intendencia para extender el plan.

“Esperamos traer este programa a San Carlos, una vez que podamos fraccionar las tierras disponibles. Es una herramienta que ha demostrado ser exitosa”, concluyó Suárez.

Pereira admite errores de comunicación del FA para difundir logros del Ejecutivo

En su última intervención ante el Secretariado Ejecutivo, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, admitió que tanto el gobierno como el Partido han afrontado “dificultades” y “problemas” para capitalizar los anuncios realizados por la administración del presidente Yamandú Orsi, según reconstruyó El Observador a partir de fuentes internas.

Pereira puso especial énfasis en la percepción pública de medidas clave como el incremento diferencial para jubilados de menores ingresos, la cancelación del proyecto Neptuno, la rebaja de $100 en la garrafa y el bono escolar de $2.500 para niños en situaciones vulnerables. A pesar de contar con respaldo político, el oficialismo reconoce que esos anuncios no alcanzaron la repercusión deseada más allá de los espacios afines.

Reconocimiento interno de una falla comunicativa

Fernando Pereira reconoció que los anuncios del gobierno no lograron generar el impacto esperado en la ciudadanía, especialmente en segmentos como los jóvenes, los residentes del interior y hombres, donde la resonancia fue significativamente menor. Subrayó que, aunque el oficialismo los celebra con entusiasmo, «la polea de transmisión», por ejemplo, no siempre funciona fuera de su base electoral.

También se puso en foco un episodio comunicacional que quedó marcado: la conferencia de prensa para anunciar la cancelación de la planta potabilizadora en Arazatí fue realizada durante un feriado no laborable, lo cual habría perjudicado su visibilidad en medios y relevancia pública.

Encuesta revela baja recordación de anuncios

Un estudio de la consultora Nómade, pautado por dirigencias del mismo partido, ofrece un panorama estadístico contundente: solo el 22,7 % de quienes participaron recordaban algún anuncio reciente del gobierno, cifra que cae hasta 16 % en el tramo etario de 18 a 34 años. En cambio, entre personas mayores de 60 años, la recordación sube a 28 %.

Según esa encuesta, más del 40 % opina que el gobierno debería haber hecho más anuncios, mientras otro 20 % responde opacamente. El conocimiento de medidas como el bono escolar fue más alto en Montevideo y entre votantes del propio Orsi, pero disminuyó marcadamente en el interior y entre sectores de la oposición.

La estrategia de difusión que propone el FA

En su alocución, Pereira adelantó que el Frente Amplio pretende sumar legisladores nacionales, ediles, alcaldes y concejales para amplificar las explicaciones de los “cambios sustantivos” incluidos en el proyecto de Presupuesto Nacional. Esa estrategia se enmarca dentro del nuevo Plan Político frentista, que busca posicionar al FA como una «herramienta transformadora de la sociedad uruguaya».

Contexto político: balance de Orsi a 100 días

Esta autocrítica ocurre en un contexto donde ya se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Orsi, periodo que según dirigentes del FA incluyó más de 80 anuncios públicos, aunque también varias “derrotas simbólicas” como renuncias y malos manejos comunicacionales.

El contraste entre el volumen de medidas y su baja absorción social preocupa internamente, especialmente considerando casos como la caída de figuras del gabinete o la falta de coordinación en actos públicos que generaron críticas.

Reflexión final: ¿por qué no impactan las medidas?

Desde el Frente Amplio identifican varios desafíos:

  • Sobresaturación en la agenda política, que reduce la capacidad de los ciudadanos para retener mensajes.
  • Uso de canales tradicionales menos efectivos para llegar a públicos jóvenes.
  • Déficit de coherencia narrativa institucional, donde distintas voces oficiales no alinean el mensaje.
  • Necesidad de un plan de puente político-comunitario que vincule los anuncios con efectos concretos en los territorios.

Según Pereira, el FA va a redoblar recursos y nivel de compromiso para revertir esta percepción, incluido un nuevo despliegue territorial que lleve las cifras del Ejecutivo hacia comunidades reales, más allá del alcance mediático formal.

Interior en pie de guerra: intendentes exigen más fondos y el Ejecutivo responde con restricciones

Durante una tensa reunión celebrada el martes entre el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y una delegación del Congreso de Intendentes, se produjo un fuerte cruce entre el jerarca y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. El motivo principal fue el reclamo por mayores transferencias de fondos destinados a la descentralización territorial

Arim expresó que el gobierno plantea mantener el nivel presupuestal del año anterior, lo que implicaría que no se ajustarán diferencias entre departamentos históricamente desfinanciados. Esta postura generó rechazo inmediato entre los jefes comunales, que esperaban un incremento sustancial para enfrentar las necesidades crecientes en salud, vialidad y desarrollo local

El intendente Olivera planteó que desde hace cinco años el Congreso de Intendentes reclama corregir las asimetrías en la distribución del 3,33% del presupuesto nacional legalmente destinado a las intendencias. Considera que muchas comunas del interior, especialmente aquellas con menor población o capacidad financiera, sufren un trato inequitativo frente a Montevideo y Canelones

En medio del debate, Arim le dijo a Olivera: “No debés gritar porque no estás en tu casa”, lo que enfureció al jefe comunal sanducero y tensó aún más el diálogo institucional, según relataron fuentes presentes

Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Arim defendió las restricciones fiscales del Ejecutivo, argumentando que no hay recursos adicionales disponibles. Al mismo tiempo, anunció que el monto global de transferencias al finalizar esta administración será histórico, aún bajo esos límites presupuestales

Por su parte, el Congreso de Intendentes declaró sesión permanente para asegurar que los reclamos sean incluidos formalmente en el proyecto de ley del presupuesto quinquenal 2025‑2030. Olivera advirtió que aún hay margen para negociar hasta el 30 o 31 de julio, fecha límite para presentar el acuerdo al Parlamento

Fuentes vinculadas al encuentro señalaron que también se estudiaron ajustes al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), así como la posible reactivación de un Fondo Metropolitano para atender desigualdades entre departamentos. El objetivo es reconfigurar los mecanismos constitucionales de distribución, sin recortar recursos sino redistribuirlos de forma equitativa

Docentes paralizan actividad el 12 de agosto con foco en presupuesto y negociaciones salariales

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU), en consonancia con la resolución del PIT‑CNT, convoca un paro nacional de 24 horas el próximo martes 12 de agosto. La medida, que cubrirá la totalidad del país, busca sumar presión en las discusiones por el presupuesto estatal y los Consejos de Salarios

El paro se enmarca en la propuesta planteada por el PIT‑CNT de un paro general parcial, previsto entre las 9:00 y las 13:00 horas el mismo día, que se extenderá de modo total para los docentes como forma de visibilizar demandas específicas del sector educativo

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) anunció además que incluirá en su plataforma demandas propias: resolución favorable para docentes sancionados en San José y críticas a la denominada Transformación Educativa impulsada por el Codicen. . Esta instancia sindical sostiene que la reforma educativa, junto con restricciones presupuestales, ha generado preocupación y malestar en varias localidades del país

En la Asamblea General de Delegados realizada en Salto se destacó que la huelga de 24 horas permitirá abarcar los tres turnos de enseñanza y facilitar la participación en la movilización central en Montevideo, prevista con concentración en Plaza Independencia y marcha hacia Torre Ejecutiva y el Ministerio de Economía y Finanzas

La convocatoria llega en un momento de intensa negociación por el presupuesto nacional y los ajustes salariales en diversos sectores públicos. Además del reclamo docente, se suman movilizaciones de trabajadores del sector lácteo, pesquero e industriales, quienes también presionan mediante medidas sindicales coordinadas

Cancelación del Proyecto Neptuno: organizaciones advierten sobre riesgos ambientales y falta de participación

La reciente cancelación del proyecto Arazatí —también conocido como Neptuno— por parte del actual gobierno ha reavivado el debate en torno al uso y gestión del agua en Uruguay. Mientras el expresidente Luis Lacalle Pou calificó la decisión como “política y técnicamente desacertada”, desde organizaciones sociales surgieron nuevas críticas a cómo se manejó el proceso desde su origen.

Sofía Mansilla, integrante de la organización ambientalista Tucu Tucu, recordó que el proyecto Arazatí viene siendo resistido por diversas organizaciones desde su formalización en 2021. “Desde la playa, acá en Arazatí, entendimos que debíamos saber qué era este proyecto. Lo que encontramos fue un camino que llevaba a la privatización del agua”, afirmó.

Según Mansilla, ya desde décadas atrás se había identificado que el agua en esa zona del Río de la Plata tenía niveles de salinidad incompatibles con el consumo humano. “Esa agua no se puede potabilizar. Técnicos independientes se lo dijeron directamente a la mesa del Consejo Regional. Incluso se comprobó que esa agua podía enfermar a la gente”.

Las críticas también apuntan a la falta de participación y transparencia en la toma de decisiones. “Solicitamos reiteradamente consejos regionales para discutir el proyecto Neptuno. Durante meses no se nos convocó. En enero de 2022 se organizaron tres consejos seguidos, pero fueron solo para legitimar el proyecto y no hubo diálogo real”, sostuvo la vocera de Tucu Tucu.

Mansilla también cuestionó la narrativa sobre el supuesto consenso con los vecinos: “El exministro Adrián Peña decía públicamente que había diálogo, pero nosotros lo solicitábamos formalmente y no éramos escuchados. Las cartas están, las notas están, y nunca se permitió conformar una comisión de cuenca como establece el decreto 264/011”.

Otro punto de tensión ha sido la evaluación técnica del entorno. “Se pretendió construir una toma de agua en una zona estuarial, donde hoy se pesca fauna marina. Además, durante los períodos de sequía, se registraron los mayores niveles de salinidad, lo que hace inviable el proyecto sin una planta desalinizadora, que terminaría aumentando aún más los costos”, afirmó Mansilla.

Frente a estos antecedentes, la organización considera “acertada y responsable” la decisión de suspender Arazatí y repensar la estrategia hídrica del país. “Es necesario estudiar mejor el Río de la Plata, que no está suficientemente caracterizado, y discutir con transparencia cómo gestionamos nuestros recursos, a quién se destina el agua y con qué criterios”.

El nuevo rumbo: planta sobre el río Santa Lucía

El gobierno anunció esta semana la cancelación del contrato firmado en la administración anterior con el consorcio Aguas de Montevideo y propuso una alternativa: construir una planta potabilizadora de 200.000 m³ en la cuenca del Santa Lucía, cerca de Aguas Corrientes. Según el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, esta nueva solución reducirá los costos en un tercio respecto al proyecto Neptuno, al tiempo que evitará multas contractuales gracias a un acuerdo con la empresa.

La nueva propuesta contempla también obras complementarias como una reserva de agua bruta en Solís Chico y una quinta línea de bombeo. El gobierno insiste en que el nuevo esquema permitirá diversificar fuentes, mejorar la eficiencia y evitar impactos ambientales sobre la zona costera del Río de la Plata.

Desde Tucu Tucu y otras organizaciones, sin embargo, se reclama que el debate trascienda los aspectos técnicos y contractuales. “Hay que discutir para quién es el agua. Hoy hay industrias instaladas sobre los acuíferos, y nadie controla su impacto. Necesitamos una política pública clara, sustentable y con participación real de la ciudadanía”, concluyó Mansilla.

Ignacio Munyo: “Uruguay necesita invertir más y simplificar sus normas”

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) presentó un extenso diagnóstico de la situación económica y política de Uruguay, junto con una serie de propuestas concretas para dinamizar el crecimiento del país, en una conferencia realizada este martes en el Hotel Radisson de Montevideo ante unos 500 empresarios.

La exposición estuvo a cargo del economista Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, quien durante casi dos horas analizó proyecciones, trabas estructurales, relaciones internacionales y aspectos clave de cara al año 2025 y el próximo período de gobierno.

Proyecciones y contexto internacional
Según las estimaciones presentadas, Uruguay crecería un 2,5% en 2025, aunque Munyo advirtió que el dato puede ser engañoso, ya que un 1% de ese crecimiento se explicaría únicamente por “arrastre estadístico” y no por nuevos motores de impulso económico.

En esa línea, coincidió con el actual ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al señalar que el foco debe estar en acelerar el crecimiento, lo que requiere “más inversión y menos burocracia”.

Sobre el entorno global, Munyo sostuvo que, pese a la incertidumbre, el contexto no es un impedimento para el crecimiento uruguayo. La economía de EE.UU. comenzó a recuperarse y el paquete de precios de los commodities no es negativo. “No se puede decir que el contexto internacional no nos deja crecer”, subrayó.

EE.UU., software e inversiones estratégicas
Uno de los mensajes centrales fue la necesidad de mejorar el posicionamiento de Uruguay frente a EE.UU., principal destino de las exportaciones de software, un sector que mueve la economía con creciente dinamismo.

“Las TICs son el motor de crecimiento”, indicó Munyo, al tiempo que presentó varias recomendaciones para fortalecer ese vínculo estratégico:

  • Equiparar la tasa consular de EE.UU. al nivel del Mercosur (3%), con un costo fiscal estimado de US$ 8,5 millones.
  • Evitar inversiones chinas en sectores estratégicos como tecnología, puertos y defensa.
  • Crear marcos regulatorios para el uso de inteligencia artificial.
  • Colaborar más estrechamente con la DEA en la lucha contra el crimen organizado.
  • Aceptar inmigrantes deportados sin antecedentes criminales desde EE.UU.
  • Manifestar una posición clara contra el antisemitismo como gesto de defensa de los derechos humanos.
  • Algunas de estas ideas generaron sorpresa entre los asistentes, que no esperaban una propuesta tan directa de alineamiento diplomático y estratégico.

Pobreza e ineficiencia estatal
Uno de los puntos más enfáticos fue el referido a la pobreza. Munyo afirmó que la pobreza monetaria real es del 17,3% (casi el doble de la estimación oficial previa del 9%), mientras que la pobreza multidimensional se ubica en el 18,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Uruguay tiene más de 500 programas sociales y aún así no logra atender adecuadamente a los 320.000 menores que viven en la pobreza”, criticó Munyo. “Los programas están. Solo hay que implementarlos”, sentenció.

La herramienta “Uruguay más simple”
Ceres presentó oficialmente la plataforma “Uruguay más simple”, una herramienta digital desarrollada para identificar normativas excesivas, obsoletas o innecesarias que obstaculizan el desarrollo económico.

A través de 60 preguntas, se recogieron aportes de más de 200 instituciones públicas y privadas de 13 departamentos del país. Las mayores trabas fueron identificadas en el Ministerio de Salud Pública, las intendencias y el propio Ministerio de Economía.

Entre los ejemplos concretos mencionados:

  • Demoras en la aplicación de la Ley de Empleo Juvenil (19.133).
  • Imposibilidad para pequeñas empresas de descolgarse de aumentos salariales obligatorios.
  • Triple control de compraventas por DGI, escribanos y Registro.
  • Altos aranceles en la importación de equipamiento médico, que dificultan el acceso a la tecnología.
  • Según Munyo, al menos el 60% de estas trabas son “corregibles”.
  • Radiografía parlamentaria y prioridades sectoriales
  • Ceres también elaboró un informe sobre la percepción del Parlamento nacional. Entre los hallazgos:
  • 33% de los legisladores considera que las TICs son el sector con más potencial de crecimiento.
  • Le siguen: energías renovables (26%), ganadería (15%), forestación (9%) y turismo (3%).
  • El sector forestal es mencionado exclusivamente por parlamentarios de la oposición.
  • En cuanto a la ronda salarial, el 63% del oficialismo apoya mantener la indexación a la inflación, mientras que en la oposición hay más inclinación a desindexar parcialmente.

Competitividad y tipo de cambio
Munyo planteó que la competitividad de Uruguay sigue siendo baja, pese a una mejora relativa frente a Argentina. Con Brasil, en cambio, la brecha se agrandó.

Ceres proyecta que, si la inflación cierra en 4,5% a fin de 2025, el dólar rondaría los $43. Si el tipo de cambio llega a $50, la inflación treparía al 10%.

Inversión: el gran desafío estructural
Finalmente, Munyo advirtió que Uruguay debe elevar su inversión anual del 16,2% del PIB (nivel similar al de Guatemala) al 20%, lo que implicaría captar US$ 3.100 millones adicionales por año.

Llamó a preservar las exoneraciones fiscales para atraer capitales y alertó sobre propuestas de rediseño que podrían resultar contraproducentes: “No sea cosa que con el rediseño, salga el tiro por la culata”.

En su mensaje final, Munyo reafirmó que la clave para un Uruguay más dinámico está en destrabar, simplificar y atraer inversión. La herramienta “Uruguay más simple” será presentada formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas en los próximos días.

El PPI cae por segundo mes consecutivo: ¿habrá rebaja en los combustibles?

La Ursea publicó el informe de paridad de importación, que servirá de base para la decisión del gobierno sobre las tarifas de nafta, gasoil y supergás.

A diferencia del mes pasado, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) dio a conocer públicamente el informe del Precio de Paridad de Importación (PPI) antes de que el gobierno de Yamandú Orsi resuelva sobre el ajuste en los valores de los combustibles.

El PPI funciona como precio de referencia para definir si corresponde subir, bajar o mantener los precios de la nafta, el gasoil y el supergás. Según lo establecido por la Ley de Urgente Consideración (LUC), la decisión debe basarse en dos elementos: este informe de Ursea —que es público— y un análisis financiero de Ancap, el cual no es divulgado.

El PPI representa un cálculo teórico de cuánto costarían los combustibles puestos en la planta de distribución si la importación estuviera liberada y existiera competencia privada para Ancap.

El informe publicado este martes 27 de mayo abarca el período del 26 de abril al 25 de mayo y muestra descensos en todos los combustibles:

  • Nafta Premium 97: baja de 1,41% en el precio de referencia.
  • Nafta Súper 95: reducción del 1,48%.
  • Gasoil 50S y 10S: caída del 3,4%.
  • Supergás: descenso del 2,74%.

La Ursea explicó que las reducciones responden principalmente a una caída en los precios internacionales, menores costos de flete y una variación favorable en el tipo de cambio.

No obstante, es importante destacar que estos porcentajes no reflejan automáticamente el ajuste al público, ya que aún deben considerarse costos de distribución y comercialización, que no forman parte del PPI.

En abril, el gobierno decidió reducir el precio al público del gasoil en 1,5%, luego de que el PPI para ese producto marcara una baja de 5,49%. En cambio, las tarifas de naftas se mantuvieron sin cambios, pese a una leve suba del 0,2% en el PPI.

Aquellas decisiones generaron cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y de gremiales agropecuarias, que reclamaban ajustes más acordes a la evolución del mercado internacional.

Ahora, con una nueva baja generalizada en el PPI, el gobierno de Orsi deberá definir si traslada —total o parcialmente— esa reducción a los consumidores.