Mala praxis y otras irregularidades: 43 médicos sancionados desde 2020
El ejercicio de la medicina está atravesado por responsabilidades éticas, técnicas y humanas que, cuando son vulneradas, pueden dejar secuelas irreversibles tanto en pacientes como en profesionales. En Uruguay, entre 2020 y 2024, el Ministerio de Salud Pública (MSP) sancionó a 43 médicos por diversas irregularidades, según información oficial brindada ante un pedido de acceso a la información pública.
Estas sanciones se produjeron tras el análisis de 68 denuncias ingresadas a la Comisión de Salud Pública del MSP, un órgano que funciona desde 1934 con potestades disciplinarias, en coordinación con un tribunal especialmente destinado a evaluar la conducta profesional en el ámbito sanitario. Las resoluciones incluyen desde apercibimientos y amonestaciones hasta la inhabilitación temporal para ejercer la profesión médica.
Un escenario variado y preocupante
Las sanciones se distribuyen en distintas categorías que reflejan la complejidad del escenario. Ocho médicos fueron sancionados por falta de registro en la historia clínica, una omisión que puede comprometer gravemente la trazabilidad del tratamiento. En tanto, once médicos fueron señalados por irregularidades en la atención, incluyendo casos de mala praxis, de los cuales tres derivaron en inhabilitaciones y ocho en sanciones menores.
También se identificaron otras faltas como la omisión de atención, la prestación de servicios bajo condiciones de salud inadecuadas por parte del profesional, y un conjunto de sanciones que el Ministerio clasificó como “sin especificar motivo”, aunque incluyeron nueve infracciones y doce inhabilitaciones.
En total, 16 médicos fueron inhabilitados por un período determinado, y 27 recibieron sanciones menores, de carácter correctivo o disciplinario.
¿Quién fiscaliza la ética médica?
Más allá de las actuaciones del MSP, el Colegio Médico del Uruguay (CMU) también interviene activamente cuando se trata de denuncias con implicancias éticas. Desde su creación en 2012, ha emitido 102 fallos por desviaciones éticas, el 12% de los cuales están vinculados a comportamientos de connotación sexual en el ejercicio profesional, de acuerdo a una investigación publicada en la Revista Española de Medicina Legal.
El presidente del CMU, Álvaro Niggemeyer, explicó que el Colegio actúa “cuando hay faltas éticas” y que los casos relacionados estrictamente con procedimientos médicos se derivan al MSP. Cuando el CMU determina que corresponde la inhabilitación, se lo notifica al Ministerio, que formaliza la suspensión de la licencia profesional.
Especialidades involucradas
Las sanciones no se concentran en una sola rama médica. Las especialidades de los profesionales sancionados abarcan un amplio espectro: anestesiología, cardiología, psiquiatría, neurología, medicina intensiva e interna, pediatría, ginecología, oftalmología, hematología y cirugía, entre otras.
Un caso emblemático
El episodio más resonante de los últimos meses fue el de Soledad Barrera, pediatra de 41 años que ingresó al sanatorio del SMI en octubre de 2023 para someterse a una cirugía considerada de bajo riesgo. El procedimiento terminó en tragedia: la paciente sufrió un daño irreversible que la dejó en estado vegetativo hasta su fallecimiento.
En diciembre de ese año, la Comisión de Salud Pública resolvió inhabilitar a la anestesista involucrada por un período de cinco años, además de exigir una reevaluación profesional por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República una vez vencido ese plazo.
“La muerte era evitable si el procedimiento se realizaba correctamente”, indica la resolución firmada por la presidenta de la Comisión, María del Carmen Curbelo. El fiscal Fernando Romano continúa investigando el caso en sede penal.
Hacia una cultura de mayor transparencia
Estos datos confirman la necesidad de sostener una cultura de control, transparencia y actualización continua en la práctica médica. Si bien las sanciones son relativamente bajas en número frente a la cantidad de profesionales activos, cada caso implica un potencial daño a la confianza del sistema de salud, además de consecuencias personales y familiares profundas.
El desafío está en consolidar procesos de evaluación eficaces y accesibles para usuarios y profesionales por igual, promoviendo un ejercicio médico cada vez más seguro, ético y riguroso.