Lavado de activos: el FA impulsa nuevo límite para transacciones en efectivo
El uso del dinero en efectivo en transacciones de alto valor vuelve a estar en debate en el sistema político. El Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley en el Parlamento que propone reducir el tope máximo para realizar pagos en efectivo, actualmente fijado en aproximadamente US$ 145.300, a una suma cercana a los US$ 20.000.
La iniciativa busca revertir los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en 2020, y volver a un régimen más estricto en materia de trazabilidad financiera, como el que establecía originalmente la Ley de Inclusión Financiera, aprobada durante el segundo gobierno frenteamplista.
El senador Eduardo Brenta, vocero de la propuesta, aseguró en declaraciones a Radio Uruguay que el límite actual “es excesivamente alto” y puede “facilitar operaciones asociadas al narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos”.
De la inclusión financiera a la LUC: los cambios en el régimen
La Ley de Inclusión Financiera, votada en 2014, estableció una serie de restricciones al uso de efectivo en grandes transacciones. Desde 2018, los pagos que superaran las 40.000 Unidades Indexadas (unos US$ 5.800 a valores actuales) debían realizarse obligatoriamente a través de medios electrónicos, como transferencias bancarias o pagos con tarjetas.
Este régimen se aplicaba, entre otras, a la compra-venta de inmuebles y vehículos, y al pago de diversos servicios, con el objetivo de garantizar la trazabilidad del dinero y prevenir delitos financieros.
Sin embargo, con la aprobación de la LUC, el gobierno introdujo una modificación significativa: se habilitó el pago en efectivo hasta el equivalente a 1.000.000 de UI, es decir, unos US$ 145.300, permitiendo así que una porción considerable de operaciones volviera a realizarse sin dejar registro electrónico.
¿Por qué se busca cambiar nuevamente?
La bancada del Frente Amplio sostiene que esta modificación “aumentó los riesgos en materia de lavado de activos”, al reducir la capacidad del Estado para rastrear el origen del dinero en operaciones de alto valor.
En la exposición de motivos del proyecto presentado, se citan evaluaciones técnicas de organismos especializados como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y el Banco Central del Uruguay (BCU), que coinciden en señalar que el uso de efectivo es una de las principales modalidades empleadas para operaciones de lavado.
Según GAFILAT, si bien las medidas adoptadas por Uruguay en 2017 no eliminaban el riesgo, sí lo acotaban significativamente al establecer límites más bajos para el uso de efectivo.
“El régimen vigente, aprobado por la LUC, implica una pérdida de transparencia y dificulta la trazabilidad del dinero”, sostiene el Frente Amplio, que considera que permitir operaciones de más de US$ 100.000 en efectivo “otorga una discrecionalidad que puede facilitar prácticas irregulares y afectar la integridad del sistema financiero”.
Riesgos, trazabilidad y control estatal
La discusión en torno al efectivo no solo refiere a la lucha contra el lavado de activos, sino también al impacto en la evitación del pago de impuestos, el financiamiento de actividades ilícitas y el control de flujos financieros por parte del Estado.
En su argumentación, el FA remarca que “la falta de claridad en las transacciones realizadas en efectivo puede propiciar un ambiente propicio para prácticas económicas de dudosa legitimidad”, y destaca que la trazabilidad es una herramienta clave para prevenir delitos financieros.
“Queremos garantizar que las grandes operaciones tengan un respaldo documentado, digital y verificable”, agregó Brenta.
¿Qué pasa ahora?
La iniciativa del Frente Amplio se encuentra a estudio en el Parlamento y reaviva un debate de larga data entre los partidarios de una mayor regulación del efectivo y quienes defienden la libertad para elegir medios de pago.
Desde el oficialismo no ha habido aún una respuesta formal, aunque sectores del gobierno han defendido en el pasado la necesidad de flexibilizar ciertas disposiciones de la ley de inclusión financiera, especialmente en lo que refiere al uso del efectivo en zonas rurales o con menor acceso bancario.
Por ahora, la propuesta frenteamplista pone nuevamente sobre la mesa la tensión entre libertad individual y control financiero, en un contexto regional donde el lavado de activos continúa siendo una preocupación central para los organismos de supervisión y las agencias internacionales.