Edil del Frente Amplio cuestionó a la IDM por la multa recibida tras intervención en humedal del arroyo Maldonado

Durante la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental de Maldonado, la edila del Frente Amplio, Adriana Costa, se refirió a la reciente sanción impuesta por el Ministerio de Ambiente a la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), a raíz del relleno efectuado en un área identificada como humedal del arroyo Maldonado.

El ministerio aplicó una multa de 45 mil dólares a la comuna, tras constatarse que ésta no atendió las intimaciones realizadas por sus dependencias técnicas —la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE)— para detener las obras destinadas a la construcción de una pista de picadas sobre dicha área.

Según expresó Costa, ambos organismos habían exigido a la IDM que ejecutara un proceso de restauración pasiva en el predio afectado. Esa medida implicaba controlar y eliminar las causas de la degradación ambiental para permitir que el ecosistema del humedal se recuperara de forma natural.

La edila frenteamplista señaló que la Intendencia presentó ante el Ministerio de Ambiente un documento titulado “Plan de restauración del padrón número 2.572”, en el cual reconoce la importancia ecológica del sitio afectado y declara su intención de proteger el ecosistema.

“Ese documento contradice directamente lo que ha manifestado públicamente el intendente Enrique Antía, quien llegó a decir que ‘eso no es un humedal’ en referencia a la zona intervenida”, expresó Costa, poniendo en duda la coherencia entre los discursos institucionales y las acciones de la administración departamental.

Costa además advirtió que el incumplimiento de las directivas ambientales no solo genera un daño ecológico significativo, sino que ahora también representa un costo económico que deberá ser asumido con fondos públicos.

La situación ha despertado nuevas críticas desde filas opositoras respecto a las prioridades ambientales del gobierno departamental, así como a su disposición a acatar normativas nacionales en materia de protección de recursos naturales.