Chile: El gobierno evalúa modificaciones a Ley Contra Usurpaciones en medio de tensiones
Organizaciones civiles mapuches expresan preocupación por proyecto que endurece sanciones y permite legítima defensa a dueños de terrenos ocupados.
El gobierno de Gabriel Boric en Chile está en proceso de evaluar modificaciones parciales a un proyecto de ley que busca combatir las usurpaciones de tierras, una iniciativa que ha generado preocupación y tensiones con organizaciones civiles mapuches que defienden las ocupaciones de terrenos como una forma de lucha.
El proyecto de ley, aprobado por ambas cámaras del Parlamento a fines de agosto, ha sido objeto de controversia desde su presentación. Contiene tres puntos clave que han suscitado inquietudes entre grupos mapuches y algunos sectores de la sociedad chilena:
- Sanciones Más Severas: El proyecto de ley establece sanciones más rigurosas para el delito de usurpación de tierras.
- Legítima Defensa: Habilita la legítima defensa para los dueños de los terrenos ocupados, lo que significa que pueden defender sus propiedades utilizando la fuerza si se ven amenazados.
- Ingreso de Fuerzas Policiales: Permite el ingreso de las fuerzas policiales a terrenos ocupados incluso sin necesidad de una orden judicial.
El gobierno de Boric ha anunciado su intención de moderar estos tres puntos del proyecto de ley y actualmente se encuentra en negociaciones internas para llevar a cabo las modificaciones antes de que finalice la semana.
La Coordinadora Arauco-Malleco, una de las organizaciones civiles mapuches más influyentes del país, ha expresado su descontento con el proyecto de ley y ha convocado a una movilización permanente en contra del texto aprobado. Además, han advertido que, si el proyecto se mantiene en su forma actual, podrían recurrir a medidas más extremas, llegando incluso a «tomar las armas si resulta necesario».
Estas tensiones ponen de manifiesto la complejidad de la relación entre el gobierno chileno y las comunidades mapuches, así como la necesidad de encontrar soluciones equitativas para abordar las demandas de estas comunidades en un contexto en el que los derechos de tierras y la justicia social son temas fundamentales.