ActualidadDestacadas

Batalla Legal en Punta Colorada: La Lucha por un Espacio Público

En el epicentro de una controversia legal, el intendente Enrique Antía se enfrenta a acusaciones de abuso de funciones en medio de la demora de la demolición de construcciones en un área pública de la costa de Punta Colorada. La intensa disputa tiene como telón de fondo la búsqueda de recuperar un espacio que, según la Intendencia de Maldonado (IDM), ha sido respaldado por múltiples sentencias judiciales como propiedad pública.

Antía enfatiza la importancia de esta medida para la comunidad, destacando la necesidad de cuidar la faja costera, reubicar una ONG protectora de animales y establecer una escuela de Remo y Kayak para niños de bajos recursos. Sin embargo, enfrenta resistencia por parte de privados que, según el intendente, buscan ganar tiempo en la justicia para mantener el usufructo de un espacio público confirmado como tal por instancias judiciales.

La IDM posee autorización ambiental desde septiembre de 2022 para la demolición, pero enfrenta obstáculos legales y acciones dilatorias por parte de privados. Ante la denuncia de dos hermanos que reclaman la propiedad de padrones en la costa de Punta Colorada, Antía defiende la actuación de la IDM, argumentando que no hay abuso de funciones, sino un litigio ganado por la entidad con sentencias judiciales que respaldan la condición pública del terreno.

En una rueda de prensa, el intendente resalta que la IDM ha enfrentado acciones de amparo cada vez que se acerca el momento de la demolición, considerándolas maniobras jurídicas para ganar tiempo. Aunque aún no hay una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el procurador del tribunal informa que las tierras son públicas y proceder a la demolición es legal.

En un nuevo giro, otro grupo de abogados presenta una denuncia de abuso de funciones, señalando una estrategia para prolongar la situación. Antía sostiene que el objetivo es claro: recuperar un espacio público para toda la comunidad. Desde 1995, se han realizado acciones para demostrar la propiedad privada alegada por los involucrados, sin éxito ante el Poder Judicial.

La disputa se centra ahora en la acción de nulidad contra la resolución que dispuso la demolición. La argumentación de propiedad privada ha sido refutada en primera y segunda instancia, y la Resolución Nº05079/2021 sigue sin suspenderse. La IDM sostiene que se ha abusado de las vías procesales y que el inmueble se utiliza de manera abusiva para beneficio privado, siendo un espacio público.

A pesar de intentos de transacción propuestos por emisarios familiares, la situación ha llegado a la Suprema Corte de Justicia. La comunidad de Punta Colorada observa con atención el desenlace de esta batalla legal, mientras el gobierno busca trasladar proyectos beneficiosos para la zona, como la reserva de fauna marina SOS y una escuela de Kayak y Remo accesible a niños de todas las clases sociales.

En un conflicto marcado por giros legales y estrategias dilatorias, la lucha por la recuperación de este espacio público en Punta Colorada continúa, dejando a la espera a una comunidad ansiosa por la resolución final.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *